La Ley define el contrato de gestión de servicios públicos como aquel en cuya virtud una Administración pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración encomendante. Es un contrato análogo al contrato de concesión de obra pública, pero sin obra.
En ningún caso pueden ser objeto de este contrato la prestación de servicios públicos que impliquen el ejercicio de autoridad, en cuyo caso deberá desempeñarse por la propia Administración.
