La atribución de competencia a la justicia administrativa originó, primero, un diferente régimen procesal, y después, la elaboración por la jurisdicción administrativa de unas reglas y principios diversos de los que aplicaban los Tribunales civiles. Surgió así un régimen jurídico diferenciado sobre el que se construyó la figura del contrato administrativo.
Una primera referencia sobre los contratos de la Administración está en el Decreto de 13 de septiembre de 1813, aprobado por las Cortes de Cádiz. Esta norma atribuyó a los jueces civiles la competencia sobre todos los conflictos contractuales en que la Administración fuere parte.
Posteriormente, los liberales moderados, al importar el modelo francés de Justicia administrativa con la creación del Consejo de Estado y los Consejos Provinciales, en 1845, sustrajeron el contencioso contractual de los Juzgados y Tribunales civiles. Este fuero se justificó en la necesidad de proteger la Administración y su actividad de las intromisiones de los jueces.
El art. 9 RD de 27 de febrero de 1852 prescribía que "en los pliegos de condiciones deberán pactarse los casos de incumplimiento por parte de los contratistas, determinando la acción que haya de ejercer la Administración sobre las garantías y demás medios por los que se hubiere de compeler a aquellos a que cumplan sus obligaciones y a que resarzan los perjuicios irrogados por dicha causa (...). Cuando ocurriesen tales casos las disposiciones gubernativas de la Administración serán ejecutivas, y consiguientemente, las certificaciones de los acuerdos que ésta adopte servirán, en dichas circunstancias, para iniciar, cuando sea necesario, los procedimientos administrativos de apremio a que hubiera lugar". El mismo RD impuso la competencia de la JCA con exclusión de la arbitral y de la civil para resolver los conflictos: "ningún contrato celebrado con la Administración podrá someterse a juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos por la vía contencioso-administrativa que señalan las leyes vigentes".
