En el siglo XIX apenas existieron oportunidades para plantear la cuestión de las asociaciones funcionariales, centrado todo el esfuerzo en conseguir el reconocimiento del derecho de instituir asociaciones y sindicatos, lo que sólo se alcanza a partir de finales de la centuria pasada.
Con muchas dificultades, la presión asociativa sindical de los funcionarios acabará imponiéndose en casi todos los países europeos y llevará al reconocimiento, de hecho, primero, legal después, de aquellos derechos.
En España es perceptible la misma evolución del derecho sindical en la función pública, aunque con mayor retraso que en otros países e incidencias sorprendentes.
Durante la dictadura de Primo de Ribera se va a producir un fenómeno de cierto corporativismo oficial y, por consiguiente, obligatorio, aunque no afecto, ni mucho menos, a la totalidad de los funcionarios, bajo la técnica de la asociación nacional o colegio profesional de funcionarios, muchos de los cuales todavía perviven. Así se crea la Asociación Veterinaria Española para los veterinarios municipales, la Asociación Nacional de Médicos Titulares, Inspectores Municipales de Sanidad y los Colegios Provinciales de Interventores y Secretarios de Administración Local.
La Segunda República abordó el tema en la propia Constitución, que reconoció a los funcionarios civiles "el derecho de construir asociaciones profesionales que no impliquen injerencia en el servicio público que les estuviese encomendado".
Durante la dictadura del General Franco continuó la vigencia de la regulación de la Ley de Bases de 1918 y se respetaron las asociaciones y colegios constituidos, sin que se llegase, como pasó en la dictadura mussoliniana, a la integración de los funcionarios en el sindicalismo oficial y obligatorio.
En España, la Constitución de 1984 reconoció el derecho de sindicatos de los funcionarios públicos, pero con algunas reservas y matizaciones que, de haberse observado, no habrían llevado a la actual desmesura.
