Factor esencial en la gestión del empleo público son los sindicatos de funcionarios más representativos del personal que desde una situación de oligopolio participan en la gestión de la función pública. Esa cogestión se manifiesta de dos formas, primero, al compartir con las Administraciones Públicas la potestad normativa que comportan los convenios colectivos que recogen los más relevantes contenidos de la relación funcionarial y, segundo, participando en la gestión diaria del personal a través de las juntas y delegados de personal y, en fin, en virtud de su legitimación para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.
En términos sociológicos, se trata de estructuras burocráticas semipúblicas, cuya legitimidad deriva de unas elecciones sin alternativa, organizadas desde el Estado en las que se eligen delegados de personal y miembros del comité de empresa según las listas que presentan los sindicatos. Se mantienen con subvenciones o dineros procedentes del sector público y solo testimonialmente con cotizaciones de sus afiliados.
