La grave crisis económica que atraviesa la economía española con otras de UE, en parte originada por el coste de las nóminas de personal de unas Administraciones Públicas elefantiásicas, ha llevado al Gobierno a su vez obligado por aquélla, a aprobar el Decreto-Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que afecta al empleo público.
Se homogeneiza el régimen de permisos para todas las Administraciones Públicas, y dentro de esta regulación, se reducen los días de libre disposición y los días adicionales por antigüedad tanto en el caso de las vacaciones como en el de los días por asuntos particulares y se suspenden los pactos y acuerdos que contraigan estas disposiciones y se adoptan medidas con la misma finalidad en relación con el personal laboral.
Se modifica temporalmente el régimen del personal incluido en el RGSS durante la situación de incapacidad temporal, sin perjuicio de que se establece un mandato dirigido a las Administraciones Públicas a adoptar medidas para reducir el absentismo de su personal.
Se crea un Registro de órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado, se habilita al Ministro de Hacienda y Función Pública a adoptar medidas dirigidas a garantizar una asignación eficiente de los recursos humanos; se regulan las condiciones de acceso y permanencia en la situación de incapacidad temporal de los funcionarios, con el objetivo de reducir los costes de la productividad derivada de la misma.
En el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos dependientes de la misma, el Ministro de Hacienda y Función Pública adoptará, en el marco del art. 69.2 LEBEP, las medidas y actuaciones requeridas para garantizar la asignación eficiente y la optimización de sus recursos humanos.
En la aplicación del servicio de transparencia previsto en la LEPSF, les impone una obligación de información de determinados aspectos en materia de personal y relativos a los órganos de dependencia, retribuciones, clases de personal, dotaciones o plantillas entre otra información a las Comunidades Autónomas.
