La creación de las Comunidades Autónomas tras la Constitución de 1978 dio lugar a la conversión de algunas provincias en Comunidades Autónomas y, en aquellas que se forman de varias provincias, a un desplazamiento de su importancia en favor de los nuevos entes territoriales. El Libro Blanco del Gobierno Local y el Anteproyecto de Ley de Gobierno Local, elaborados por el gobierno socialista en 2005, contemplan la provincia como ente local pero sin intereses ni gobierno propio y hacen explícita su pretensión de convertirlas en simples entes de gestión al servicio de los municipios.
La desactivación de la provincia como ente local contradice la doctrina del Tribunal Constitucional, sentada en la STC 28/07/1981, en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra la Ley de la Generalitat de 1980, que pretendía suprimir las cuatro diputaciones catalanas. Una doctrina que el Tribunal Constitucional desautorizó en la STC 16/05/1983.
Las diputaciones forales vascas mantienen además una relación muy distinta con los municipios y otros entes locales de su territorio, a los que controlan y apoyan en su gestión, ejerciendo en contrapartida un poderoso poder de control. Para Navarra este régimen viene del art. 6 de la Ley "Paccionada" de 16 de agosto de 1841, que pone a los ayuntamientos bajo la dependencia de la diputación.
Los cabildos insulares de Canarias y los consejos insulares del archipiélago balear gozan asimismo de un régimen diverso del común de las diputaciones provinciales.
Entre las medidas para poner coto a la crisis económica municipal como a los fenómenos de corrupción derivadas de la burbuja inmobiliaria, muy relacionada con el abuso por los ayuntamientos de sus excesivas competencias urbanísticas y en un contexto de radicalismo autonomista municipal, la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impone una serie de medidas en las que el Estado hace responsable de su funcionamiento a la diputación provincial.
