Sobre un mismo territorio y sobre los mismos ciudadanos pueden incidir varias Administraciones territoriales que se van superponiendo de menor a mayor ámbito territorial y más importantes competencias, formando una especie de pirámide, cuya base son los Municipios y la cúspide la Administración General del Estado.
A los niveles de la Administración territorial como son la estatal, provincial y municipal, se añade el de las Comunidades Autónomas, y en algunos Estatutos se admite la creación de niveles por encima del Municipio, como son la Comarca, y otros inframunicipales: la Parroquia.
Los arts. 137, 140 y 141 CE aunque contemplan como entes locales necesarios los municipios, las provincias y las islas, posibilitan, además, la creación de agrupaciones de municipios. En este marco, la LBRL reconoce como entidades locales territoriales necesarias: el municipio, que se define como entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la correspondiente colectividad (art. 1.1); la provincia y, en los archipiélagos canario y balear, las islas, a las que reconoce las mismas autonomía que a los municipios para la gestión de los intereses que respectivamente institucionalizan (art. 1.2).
Otras entidades locales que constituyen niveles facultativos de Administración territorial que pueden establecer las Comunidades Autónomas, pudiendo ser de ámbito territorial inferior al municipal o superior, en este caso agrupa varios Municipios: áreas metropolitanas y mancomunidades de Municipios.
La Constitución 1978, además de proclamar la autonomía local, distribuyó las competencias entre el Estado (asignándole el dictado de las normas bases básicas del régimen local), y las Comunidades Autónomas (le asigna su desarrollo). De acuerdo con el art. 149.3 CE, el Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas.
