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La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece unos principios de conducta o buen gobierno cuya infracción no es por sí misma constitutiva de sanción, pero que servirán para interpretar las infracciones tipificadas.

Este régimen es aplicable en el ámbito de la Administración General del Estado, a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.

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