La Ley 22/2007 sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, completa la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2002/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo.
La Ley se compone de tres capítulos:
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El primero relativo al objeto, ámbito de aplicación y carácter imperativo de los derechos recogidos en la Ley.
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El segundo trata el régimen de los contratos a distancia, las partes, los instrumentos técnicos, los requisitos de información, los requisitos adicionales de información, comunicación de las condiciones contractuales y de la información previa, derecho de desistimiento, pago del servicio prestado antes del desistimiento, pago mediante tarjeta, servicios no solicitados, comunicaciones no solicitadas, acciones de cesación, reclamación extrajudicial y carga de la prueba (art. 5 al 17).
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El tercer capítulo lo dedica al régimen sancionador en el art. 18.
Se consideran consumidores las personas físicas que, en los contratos a distancia, actúan con un propósito ajeno a su actividad empresarial o profesional.
