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Las dos últimas décadas del siglo XX se han caracterizado en la Unión Europea por haber desplegado una serie de instrumentos que, en un tiempo récord, han culminado en el reconocimiento de las acciones colectivas a favor de consumidores y usuarios.

Tales iniciativas, desarrolladas fundamentalmente por el Comité Económico y Social, culminaron en 1993 en el Libro Verde sobre acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia de consumo.

Dicho Libro puso de manifiesto la necesidad comúnmente sentida en el conjunto de ordenamientos nacionales, de procurar procedimientos rápidos, baratos y eficaces y sobre todo la necesidad de que las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios pudieran actuar en defensa de los intereses generales.

Se lleva a término la aprobación de la Directiva 98/27/CE “relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores”, que abre decididamente el camino de la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios.

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