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3.1. Presentación

La LCU fue aprobada por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español tras el asunto del aceite de colza adulterado. Fue mal recibida, objeto de críticas por su falta de consenso jurídico-político y de los distintos sectores implicados en su aplicación, y su falta de conexión con el Código Civil y el Código de Comercio.

3.2. Sistemática y objetivos

La LCU, en su redacción originaria, era bastante breve y constituía una primera aproximación a la regulación del consumo, que pretendía abordar en una decena de capítulos de diferente contenido, sin incidir directamente en las normas contractuales previamente aplicables, lo que generó una sensación de duplicidad de regulaciones que hizo que la innegable importancia de algunos aspectos de la Ley, no llegara a impregnar y permeabilizar el mundo del Derecho.

Los objetivos fundamentales perseguidos por la LCU los ponía de manifiesto su propio preámbulo de extraordinaria brevedad:

  1. Establecer los procedimientos para la defensa de los consumidores y usuarios.
  2. Disponer del marco legal adecuado para favorecer un desarrollo óptimo del movimiento asociativo en este campo.
  3. Declarar los principios, criterios, obligaciones y derechos que configuran la defensa de los consumidores y usuarios.

3.3. Irrenunciabilidad de los derechos otorgados a consumidores y usuarios

De la ratio legis de la LCU y su especial preocupación por la protección de los consumidores y usuarios, se deriva como uno de sus criterios fundamentales, la irrenunciabilidad previa de los derechos y facultades otorgados por ella a consumidores y usuarios, así como la declaración de nulidad de cualesquiera actos o contratos realizados en fraude de ésta Ley (art. 2.3).

Preceptos que se encontraban íntimamente conectados con el régimen general contemplado en el art. 6 CC.

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