En este apartado tratamos de dar una interpretación económica que explique por qué los individuos, actuando racionalmente, deciden entregar a un tercero el monopolio de la coacción y qué tipo de limitaciones se imponen al ejercicio de la fuerza.
El planteamiento más sencillo para analizar este problema trata de probar que todos los individuos salen ganando cuando entregan al Estado determinadas funciones. Para ello, presentaremos un ejemplo:
Dos individuos: A y B
A = cuidar 18 vacas => precio: 100 u.m./vaca => patrimonio = 1.800 u.m.
B = recolecta 10Tm de trigo => precio: 200 u.m./Tm => patrimonio = 2.000 u.m.
El valor del patrimonio es independiente de que A y B entren en una relación de intercambio. En efecto, si A vende 8 de sus vacas a B para comprar 4 Tm de trigo, el valor de su patrimonio seguirá siendo 1.800 u.m. y el de B 2.000 u.m.
Sin embargo, A puede decidir que, en lugar de intercambiar sus productos, les resultará más rentable robar parte de la producción de trigo a B. Este tendrá que dedicar parte de su tiempo a cuidar de su cosecha, y no podrá ya obtener su producción máxima de 10 Tm, sino una cifra menor, por ejemplo 8 Tm. Sus esfuerzos no garantizan el éxito frente a la actividad delictiva de A, quien puede arrebatarle parte de su producción, por ejemplo 3 Tm.
Si la situación se invierte y es B quien roba, entonces será A quien no tenga tiempo para cuidar a su ganado, debiendo reducir su rebaño a 16 cabezas, de las que supondremos que B le arrebata 7.
También podemos suponer que ambos decidan robar.
En la tabla a continuación resumimos los resultados que obtienen A y B en cada una de las alternativas que hemos discutido.
En las circunstancias que acabamos de exponer, ¿cuál será la estrategia que adoptarán las dos personas? Podemos decir que la búsqueda del propio interés conducirá a que ambos intenten despojar al otro de parte de sus propiedades. Si ambos agentes comienzan adoptando estrategias de robo, ninguno puede mejorar alterando unilateralmente su comportamiento y la solución reflejada en la casilla 3 sería estable, aunque no sería óptima.
El conflicto que acabamos de describir explica por qué A y B pueden decidir que exista un tercero (el Estado) que se ocupe de proteger sus propiedades y castigue las infracciones contra sus derechos, siempre y cuando este tercer agente no exija a cada uno de los dos agentes económicos un pago por sus servicios mayor de 300 u.m. y garantice, por su propia existencia y eficacia de sus servicios, que nadie atentará contra las propiedades que los ciudadanos encomiendan a su tutela.
