Es la legislación que el Estado puede aprobar para establecer un mínimo común normativo para todas las Administraciones Públicas.
Por tanto, se impone a las Comunidades Autónomas y a las Entidades locales.
En la medida en que las primeras disponen de potestad legislativa, las leyes autonómicas deben respetar lo establecido en la legislación básica. Si no lo hacen, podrán ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.
