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Prerrogativa de los parlamentarios (diputados y senadores), que pretende garantizar su independencia en el ejercicio de sus funciones. Impide su detención –salvo caso de flagrante delito- y su procesamiento judicial sin previa autorización de la Cámara a la que pertenece.

La finalidad última es permitir al parlamentario el libre ejercicio de su función, asegurándole protección frente a las acciones intentadas en su contra por los particulares o el gobierno.

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