La existencia de una responsabilidad administrativa pone de relieve que es posible concebir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, además, supone igualar la existencia de derecho y deberes.
La responsabilidad penal es un instrumento básico en la lucha contra la impunidad, pues facilita considerablemente la tarea dirigida a acabar con las fórmulas para esquivar la responsabilidad; en esta misma línea, también se destaca que la empresa actúa como un factor criminógeno -provocador de delitos- en el ámbito de los delitos económicos y, en definitiva, que el DP permite una adecuada prevención y lucha contra la delincuencia organizada.
