Desde que se arbitraron procedimientos para la selección de los contratistas, los principales conflictos suscitados en torno a los contratos han sido los relativos a su adjudicación. La compleja normativa comunitaria para reforzar el principio de libre concurrencia ha supuesto un aumento de la conflictividad y ha impuesto garantías suplementarias para la resolución de las reclamaciones. Las más significativas son la introducción de un recurso en vía administrativa y la atribución de su sustanciación y resolución a órganos específicos.
Además, sigue presente el histórico problema del reparto jurisdiccional de competencias entre la JCA y la jurisdicción civil.
