La LBRL enumera las técnicas de limitación de la actividad de los ciudadanos en las siguientes:
- Ordenanzas y Bandos
- Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo
- Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable.
- Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
- Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.
La Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas, en desarrollo de mandatos legales y con apoyo en éstos, impone determinadas limitaciones a la actividad de los administrados a través de los reglamentos. Lo mismo ocurre en la esfera de competencias de las Entidades Locales, que podrán aprobar Ordenanzas y reglamentos y los Alcaldes dictar bandos, que en ningún caso contendrán preceptos opuestos a las leyes.
En base a esas normas reglamentarias la Administración exige después autorizaciones previas, ordena, prohíbe o sanciona la actividad de los particulares. El estudio de la potestad reglamentaria, su régimen jurídico, suele remitirse a la teoría de las fuentes del Derecho administrativo, donde los reglamentos se consideran más un producto normativo que una técnica de intervención.
