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La complejidad de un sistema permanentemente en conflicto competencial e ideológico es mucha.

Desde una perspectiva ideológica el trasfondo radica en el concepto de liberalización del suelo y del planeamiento urbanístico de una parte y la contabilización de las plusvalías que ofrece el plan antes de que este haya sido ejecutado de otra.

Desde una perspectiva competencial la tensión jurídica reside en como las competencias en la regulación sobre propiedad, regulación de la economía y medio ambiente permiten al Estado entrar en materias que las Comunidades Autónomas consideran de su exclusiva competencia por recaer en la esfera del urbanismo y la ordenación del territorio.

Cada nuevo gobierno aprueba una ley de suelo en la que pretende contrarrestar los efectos de la anterior normativa, pero no lo logra porque en el interin el Tribunal Constitucional se encarga de dejar sin efecto parte de las medidas del nuevo corpus legislativo que dejan sin efecto el sentido de la reforma y que nos dejan en un limbo jurídico que los operadores deben resolver de forma a veces intuitiva.

La técnica de ensanche y el perfeccionamiento del sistema de cesiones han hecho que nuestro hacer ciudad sea poco costoso para nuestras Administraciones y además haya convertido en fuente de enriquecimiento de las mismas y por esta razón, entre otras, y por las dificultades presupuestarias que generan las expropiaciones ha hecho que el TRLSRU incorpore este tipo de técnicas también para el suelo urbano.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha vuelto a dejar sin efecto gran parte de la reforma, sobre todo en lo que a valoraciones de suelo se refiere, pues, como veremos tras las STC 141/2014, 43/2015 y 218/2015, y los todavía pendientes de resolver recursos de inconstitucionalidad, anulan preceptos clave que dejan prácticamente sin efecto el nuevo sistema de valoraciones, en el que se pretende desvincular el concepto de clasificación de suelo y su correspondiente valoración.

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