La adquisición de un empleo público requiere de unos requisitos generales, como la nacionalidad, la edad, la ausencia de defectos físicos y otros que impidan el desempeño de la función, aspectos cuyo estudio debe ir precedido de una determinada consideración del principio de constitucionalidad del mérito y capacidad, la más relevante cuestión en esta materia, aplicable de igual manera, aunque no con el mismo rigor, a los funcionarios y a los contratados laborales.
En función de dicho principio el acceso al empleo público se supedita a una doble condición:
- Que los funcionarios acrediten la capacidad profesional necesaria para desempeñar el cargo.
- Que sus conocimientos y destrezas de este orden superan a la de otros posibles competidores.
El principio de mérito y capacidad, se introduce en la Constitución de 1837, llegando a la Constitución de 1978, como un derecho fundamental (art. 23 CE).
Sobre el reconocimiento de un idioma autonómico como mérito o requisito para el ingreso en la función pública, el Tribunal Constitucional se ha mostrado muy débil y vacilante en defensa del castellano, lengua que tienen que conocer todos los españoles según mandato de la Constitución.
