Los programas de la Seguridad Social

La Seguridad Social representa una parte muy importante de la participación del Estado en la actividad económica.

7.1. Justificación de los programas públicos de la Seguridad Social

A) Desde una perspectiva liberal

Este tipo de programas tienen difícil justificación pues el mercado podría dar satisfacción a los problemas que cubre la Seguridad Social. Teóricamente, los ciudadanos podrían contratar con una compañía de seguros de carácter privado el riesgo de que quedar desempleado o incapacitado para trabajar, pues tal contrato no ofrece más dificultades que las de asegurarse frente a la eventualidad de un accidente de tráfico ni de cualquier tipo de seguro de vida. En cuanto al problema del paro debe resolverse dejando mayor libertad al mercado de trabajo. Respecto al sistema de pensiones, los fondos de pensiones pueden satisfacer la misma necesidad que hoy cubre el sistema público.

B) Desde un enfoque intervencionista

Existen diversas razones para defender la presencia pública en este campo:

1. Las compañías privadas sólo estarían dispuestas a asegurar a aquellos trabajadores cuyo riesgo de quedar desempleados sean muy pequeños, o exigirían unas primas muy elevadas a quienes fácilmente puedan ser despedidos. En estas circunstancias, no se podría garantizar que todo el mundo accediera a este tipo de seguros.
2. Relacionado con lo anterior, avala la obligatoriedad de estos sistemas de aseguramiento colectivo. Las compañías de seguros ⇒ selección adversa.
   • Imaginemos que el seguro de desempleo es obligatorio y que existen ciudadanos con un alto riesgo de incurrir en esa eventualidad, mientras que otros puede contar con una estabilidad en el trabajo. Una entidad que asegure a todos ellos puede compensar el alto riesgo de unos frente al muy bajo de los otros sin exigir un pago excesivo a ninguno de ellos. Si el seguro de desempleo fuese voluntario, los que tienen un riesgo bajo no tendrían incentivos para contratar ninguna forma de aseguramiento, el riesgo medio para la entidad se elevaría, y con él la prima exigida. Sin embargo, al aumentar el pago, los trabajadores de riesgo menor pueden decidir que no les compensa el seguro, renunciarían a contratarlo, y ello elevaría aún más la prima, con el resultado de nuevas expulsiones del mercado. En límite de esta situación, el mercado acabaría desapareciendo.
3. Quienes tienen una escasa capacidad económica no pueden generar el suficiente ahorro como para obtener una pensión en el futuro, de tal modo que una gestión absolutamente privada del sistema de prestaciones sociales dejaría fuera de cobertura a los sectores más amenazados por el fenómeno de la pobreza.
4. Otro motivo se refiere al hecho de que la compañía privada no podría hacer frente a graves crisis de desempleo.
5. El hecho de que se garantice las pensiones y el seguro de desempleo no sólo beneficia a los preceptores, sino a toda la sociedad. Pues, si no existiera estas transferencias, entonces, el trabajador jubilado o parado perdería sus ingresos, reduciendo con ello su consumo y a su vez una disminución del volumen de productos producidos por las empresas. Tal reducción en la actividad productiva llevaría a nuevos despidos y un aumento mayor del desempleo.
   • Este proceso multiplicador acabaría generando una grave depresión económica.

7.2. Sistemas alternativos de pensiones

Si aceptamos que el sector público debe representar un papel en el mantenimiento de un sistema universal de pensiones, puede optar por una de las dos fórmulas siguientes:

1. Sistemas de capitalización.
   • Consiste en que las aportaciones pagadas por cada participante en el plan constituyen un fondo, que después se utiliza para pagar las prestaciones correspondientes. En este caso, existe una correlación entre las cantidades aportadas y la pensión recibida y una correlación entre las cantidades aportadas y la percepción recibida. Su funcionamiento no es muy diferente a un plan privado de pensiones.
2. Sistemas de reparto o de transferencia entre generaciones.
   • En este caso, las aportaciones, cotizadas, de los trabajadores sirven para pagar las prestaciones de la población inactiva. No hay una correspondencia entre las cantidades aportadas y la pensión recibida y en tal sentido las cotizaciones tienen una clara naturaleza jurídica de impuesto. Es el sistema que existe en nuestro país. El sistema será viable si se cumple la siguiente igualdad:
     • A · c = P · pr
     • Donde A = numero de activos, c = cotizaciones, P = población pasiva, y, pr = prestación percibida.

Si el número de activos sigue disminuyendo (por el escaso crecimiento de la población y la lentitud en la creación de empleo), y el número de pasivos crece (aumento en la esperanza de vida y en la tasa de paro) se producirá la quiebra financiera del sistema. En estas circunstancias sólo hay tres alternativas para mantener el sistema: a) aumentar la cotización, b) disminuir las prestaciones; y, c) que el sector público aporte cantidades cada vez mayores para que el sistema se pueda mantener.

La fórmula empleada es hasta cierto punto, inadecuada y debería sustituirse por:

c · M_s = pr · P

donde M_s es la masa salarial percibida por los trabajadores empleados). Si utilizamos esta segunda fórmula, crecen las alternativas para evitar una quiebra financiera del sistema, pues, los fondos obtenidos para financiar las prestaciones pueden incrementarse, si aumenta la participación de los salarios en el conjunto de la renta nacional. Lo que puede conseguirse mediante un crecimiento de su remuneración por encima de las ganancias de productividad, o a través de políticas de creación de empleo.

En este sentido, un reciente trabajo sobre la viabilidad del gasto en pensiones como porcentaje del Producto Interior Bruto, y por ende su viabilidad, viene determinado por cuatro factores:

1. La tasa de cobertura del sistema (cuantos pensionistas sobre los mayores de 65 años).
2. La evolución demográfica (crecimiento de la población activa a los mayores de 65).
3. La tasa de desempleo.
4. La relación entre la pensión media y la productividad de la economía.

7.3. Efectos económicos del sistema de Seguridad Social

Al margen de la viabilidad financiera de los sistemas públicos de prestación social, se han apuntado otras críticas a la existencia o al diseño de estos programas:

• la financiación mediante la cuota empresarial de la Seguridad Social,
• la reducción del ahorro e inversión privada; y,
• la disuasión en la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo.

A) Los efectos de las cotizaciones del empresario

Se han criticado porque son un auténtico impuesto sobre la creación de empleo, que perjudica a aquellas empresas que utilicen de un modo intensivo mano de obra. Se defiende la sustitución de la cuota empresarial por un aumento del IVA que no discriminaría a unas empresas frente a oras y que, además, no perjudicaría la competitividad de las empresas españolas, en la medida en que el IVA se devuelve al exportar un producto.

B) Los efectos del sistema de reparto de las pensiones

En este caso la crítica se dirige a la forma concreta en que se establece el sistema de prestaciones.

Se afirma que un sistema de capitalización, público o privado, da incentivos para que los ahorradores busquen la entidad más rentable para su plan de pensiones. A su vez, la empresa que administra estos fondos les buscará el destino más productivo. En un sistema público el ahorro de los trabajadores es captado de forma obligatoria por el sector público, que lo utiliza no para financiar inversiones productivas, sino para pagar prestaciones de la población pasiva, que lo destinan a consumo.

C) Los efectos de las prestaciones del desempleo

La existencia de un seguro de desempleo se critica porque añade más rigidez al mercado de trabajo. Para el enfoque liberal, el problema del paro es debido a la falta de flexibilidad de este mercado para rebajar los salarios. El seguro de desempleo colabora a generar esa rigidez porque el trabajador puede no aceptar una rebaja en el salario, al contar con la certeza de que percibirá, al menos durante un tiempo, una compensación por estar desempleado.

En estas circunstancias, el elemento clave es el análisis de la relación existente entre el pago percibido, cuando se está empleado y la prestación obtenida en condiciones de desempleo. Pero además señalar que las cotizaciones pagadas por los empresarios son un impuesto sobre la creación de empleos, lo que contribuye a acentuar las dificultades de crear puestos de trabajo. Y a ello se añaden los costes no salariales de la contratación laboral, como las indemnizaciones por despido que, así mismo, contribuyen a mantener altas tasas de paro.

Los tres elementos juntos han sido utilizados por algunos economistas, como Blanchard, para explicar que la tasa natural de desempleo sea considerablemente mayor en Europa. Aunque hay voces discrepantes con respecto a esta teoría, no cabe duda que sus planteamientos están en el sustrato de las recientes reformas que se han llevado a cabo en el mercado del trabajo español.