Las monarquías medievales de Europa se formaron y consolidaron como instituciones políticas en la misma etapa en la que el sistema feudal alcanzaba en occidente su máximo esplendor y las relaciones feudales afectaban a la práctica totalidad de las relaciones jurídico-públicas y jurídico-privadas.
Al suplantar los señores feudales al monarca en muchas de sus funciones dentro de sus señoríos y también fuera de ellos (al convertirse en partícipes activos del poder político) algunos historiadores han cuestionado la existencia de un verdadero Estado en la Alta Edad Media por entender que el feudalismo fue una realidad disolvente de la idea misma de Estado y que no puedan darse ambas entidades en un mismo plano.
Otros historiadores entienden que las relaciones jurídico-privadas y jurídico-públicas que vertebraron la vida en los feudos y señoríos no llegaron a suplantar por completo al Estado y que la relación general rey-súbditos (de naturaleza jurídico-pública) no se llegó a cortar por completo; aunque sí a debilitarse.
Esta polémica doctrinal se planteó a principios del siglo XIX, y en ella intervinieron principalmente institucionalistas alemanes, como Möser, Von Maurer, Mitteis y Von Bellow.
Hoy en día se considera que aunque la feudalización de la constitución política altomedieval sustrajo parcelas a la acción directa del poder público, las estructuras feudalizantes y las relaciones de dependencia no llegaron a determinar la eliminación de la idea de un Estado orientado a la realización de fines de utilización pública.
A pesar de la pluralidad de Estados de la península se reconoce en ellos un modelo común, o al menos similar.
El primer elemento común de los Estados medievales es la Corona como institución abstracta que separa la ubicación del poder soberano de las personas que ostentan este poder soberano en cada momento determinado, como encarnación superior del poder político, es decir, de los reyes.
