El Comité de las Regiones fue creado por el TUE en 1992 con la finalidad confesa de asociar a las entidades regionales y locales al sistema institucional europeo, lo que en última instancia lo ha erigido en el paladín del principio de subsidiariedad. Tan es así que los Tratados de la Unión Europea y de Funcionamiento, tras las reformas de Lisboa de 2007, en el art. 8 de su "Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad", reconoce al Comité de las Regiones legitimidad para interponer el recurso de anulación contra actos legislativos europeos, para cuya adopción el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea requiera su consulta, por violación del principio de subsidiariedad.
El Comité de las Regiones es un órgano consultivo del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, aunque tanto la legitimidad que pretende encauzar como el pujante papel que las regiones están asumiendo en el contexto político nacional hacen que se alcen voces en favor de su elevación a la categoría de Institución, cosa que indirectamente hace el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al reconocer al Comité de las Regiones legitimación para interponer el recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia con el fin de salvaguardar sus prerrogativas.
El Comité de las Regiones está integrado "por representantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato electoral en un ente regional o local, o que tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida". Esta caracterización de su composición será revisada periódicamente por el Consejo para tener en cuenta la evolución económica, social y demográfica de la Unión, para lo cual aquel podrá adoptar, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, una decisión por la que se establezca la composición del Comité.
Actualmente está compuesto por 344 miembros que son nombrados por el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de los Estados miembros, durante un plazo de cuatro años, renovables. No obstante, el TFUE no fija un número determinado de miembros, sino que se remite la potestad de concreción al Consejo, que decidirá por unanimidad, a propuesta de la Comisión. Según el Tratado, no estarán vinculados por ningún mandato imperativo y ejercerán sus funciones con absoluta independencia en interés de la Unión.
El Comité designa de entre sus miembros al Presidente por un período de dos años y elige a la Mesa. Internamente articula su funcionamiento en Comisiones especializadas en diferentes ámbitos, si bien los dictámenes, informes y resoluciones corresponden a la Asamblea. Por último, sorprende que los miembros también se puedan organizar por afinidades políticas en "grupos políticos", reproduciendo una especie de mini-Parlamento regional.
Desde su creación, el Comité ha visto ampliados los ámbitos sobre los que se le exigía pronunciarse. originariamente eran la cohesión económica y social; redes de transporte, energía y telecomunicaciones transeuropeas; salud pública; educación, juventud y cultura. Posteriormente, el Tratado de Amsterdam añade ámbitos como empleo, política social, medio ambiente, formación profesional, transporte, definición de las misiones, objetivos y organización de los Fondos estructurales y decisiones de aplicación relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El Comité será consultado por Parlamento, por el Consejo o por la Comisión cuando lo establezca el Tratado, aunque insiste en que tal consulta se propiciará especialmente en casos que afecten a la cooperación transfronteriza. Los dictámenes preceptivos no son vinculantes, aunque si lo estimaren necesario, las Instituciones concernidas podrán fijar un plazo para la presentación de su dictamen, que no podrá ser inferior a un mes, transcurrido el cual sin haberse recibido el dictamen podrán prescindir del mismo. Estas Instituciones pueden, asimismo, solicitar al Comité dictámenes facultativos. Finalmente, podrá emitir un dictamen por propia iniciativa, potestad que se prevé explícitamente en el caso de que, consultado el Comité Económico y Social, el asunto en cuestión refleje que hay intereses regionales en juego.
