Derecho Procesal

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El procedimiento del Tribunal del Jurado, los juicios rápidos, el proceso penal de menores, el proceso por injurias o calumnias o el proceso por delitos cometido por medios o soportes mecánicos de difusión son algunos de los procesos penales ordinarios y especiales que conforman nuestro sistema de justicia procesal penal.

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Se examinan algunas de las figuras más relevantes y especificas del procedimiento del Tribunal del Jurado

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En la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, el dictamen de peritos es el medio de prueba que mayor cambio experimentó, por un lado en el procedimiento, en la práctica de la prueba y por otro, en la consideración del dictamen de los peritos designados por las partes, como prueba a todos los efectos.

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Cuando no se llega a un acuerdo sobre el modo de llevar a cabo la división de un patrimonio, como puede ocurrir por ejemplo, en el caso de una herencia entre los distintos herederos o en la liquidación del régimen económico matrimonial entre los cónyuges es necesario recurrir a la división judicial de ese patrimonio.

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Los procesos civiles pueden finalizar mediante autos de archivo o de sobreseimiento y mediante sentencias. Tanto los autos como las sentencias han de ser motivados.

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Este tema tiene relación con el art. 24 CE que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y establece el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías.

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La necesidad de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, ha sido reconocida y demandada reiteradamente. Imprescindible para culminar el proceso de modernización de nuestras leyes procesales y tener un sistema procesal adaptado a las necesidades de nuestra sociedad y de nuestra administración de justicia.

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Se expone el concepto de costas procesales, analizando las partidas de gastos que las componen, así como indicando sus características fundamentales y diferenciándolas del concepto más genérico de gasto procesal.

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El Ministerio Fiscal es un órgano "que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social", así define el art. 124.1 CE y el art. 1 LEOMF a esta importante institución.