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La concreción jurídica del derecho a la educación y la protección de la libertad ideológica y religiosa en el ordenamiento español, nos permiten hablar de un marco jurídico donde la diversidad tiene cabida, es parte esencial del marco de convivencia y tiene un reflejo en la protección de los Derechos.
El derecho a la educación, y su garantía y desarrollo, se sitúa como un marco idóneo para poner en marcha las políticas de integración y gestión de la diversidad. Por un lado, sirve para facilitar el mejor ejercicio y desarrollo de la personalidad (educación intercultural), por otro para la adquisición de los criterios, principios y valores jurídicos que incidan en la convivencia democrática y el respeto de los derechos fundamentales (educación multicultural). En esta presentación se trata de aclarar cuáles son las relaciones entre dos derechos, libertad religiosa y derecho a la educación, como fundamento para orientar una política legislativa adecuada para la gestión de la diversidad. Al fin y al cabo un modo de lograr la cohesión social, el respeto y la tolerancia, el conocimiento de los derechos fundamentales y cómo han de ejercerse.
José Daniel Pelayo Olmedo profesor contratado doctor de Derecho Eclesiástico del Estado-UNED
