Derecho Procesal
Un ciudadano condenado mediante sentencia definitiva, si considera que esta resolución no se ajusta a derecho, que ha habido un error, nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce la posibilidad de revisar estos posibles "errores" en que hayan podido incurrir los órganos judiciales a la hora de aplicar e interpretar la Ley en la resolución del conflicto.
Cuando existe un conflicto entre partes, dentro de los distintos medios que existen, nos encontramos con el proceso, un instrumento que tiene la jurisdicción para resolver los conflictos que se le plantean ante los juzgados y tribunales.
Se estudian los caracteres esenciales que definen el derecho al juez legal: la exigencia de reserva de Ley Orgánica, su pertenencia al Poder Judicial, el respeto a los principios constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la Ley y el presupuesto de la competencia.
Se trata la legitimación en sus aspectos más complejos, su naturaleza jurídica de elemento fundamentador de la pretensión, su tratamiento procesal, pues al tratarse de una cuestión íntimamente relacionada con el fondo del asunto, su examen procederá siempre en la sentencia de forma previa a la cuestión principal.
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El procedimiento del Tribunal del Jurado, los juicios rápidos, el proceso penal de menores, el proceso por injurias o calumnias o el proceso por delitos cometido por medios o soportes mecánicos de difusión son algunos de los procesos penales ordinarios y especiales que conforman nuestro sistema de justicia procesal penal.
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La prueba de ADN se ha convertido en la prueba estrella de la investigación criminal para la identificación de los presuntos responsables de un delito o de los no culpables.
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Impartida por el profesor Javier Carlos Sánchez García, Decano del Colegio de Procuradores de A Coruña, Colegio de Procuradores de A Coruña, Vicepresidente del Consejo General de Procuradores.
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María Carmen Díaz Jiménez profesora de Derecho Procesal, UNED, imparte una clase sobre los procesos matrimoniales.
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El Ministerio Fiscal es un órgano "que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social", así define el art. 124.1 CE y el art. 1 LEOMF a esta importante institución.
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Se expone el concepto de costas procesales, analizando las partidas de gastos que las componen, así como indicando sus características fundamentales y diferenciándolas del concepto más genérico de gasto procesal.
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En un proceso civil hay que determinar qué es los que constituye el objeto del proceso, aquello sobre lo cual habrá de pronunciarse el juez con carácter definitivo e irrevocable, estimando o desestimando la tutela judicial solicitada por las partes.
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Este tema tiene relación con el art. 24 CE que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y establece el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías.
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Cuando no se llega a un acuerdo sobre el modo de llevar a cabo la división de un patrimonio, como puede ocurrir por ejemplo, en el caso de una herencia entre los distintos herederos o en la liquidación del régimen económico matrimonial entre los cónyuges es necesario recurrir a la división judicial de ese patrimonio.
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En la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, el dictamen de peritos es el medio de prueba que mayor cambio experimentó, por un lado en el procedimiento, en la práctica de la prueba y por otro, en la consideración del dictamen de los peritos designados por las partes, como prueba a todos los efectos.
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Se examinan algunas de las figuras más relevantes y especificas del procedimiento del Tribunal del Jurado
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El derecho a la asistencia jurídica gratuita está reconocido en el constitución española, en el articulo 119 y se encuentra estrechamente relacionado con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado también en el art. 24.1 CE.
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Se explica cómo se desarrolla este proceso que consagra el principio de oportunidad y entre cuyas características especiales se encuentran el régimen de intervención de las partes y la atribución de la fase de instrucción al Ministerio Fiscal.
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Cuando surge un conflicto entre partes con residencia habitual en distintos países, tanto en las relaciones comerciales como en la personales, se plantean una serie de interrogantes que no se plantearían en un supuesto estrictamente interno, como qué Tribunal sería competente para conocer el fondo del asunto o si puede ser uno o varios tribunales.
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Los procesos civiles pueden finalizar mediante autos de archivo o de sobreseimiento y mediante sentencias. Tanto los autos como las sentencias han de ser motivados.
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La necesidad de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, ha sido reconocida y demandada reiteradamente. Imprescindible para culminar el proceso de modernización de nuestras leyes procesales y tener un sistema procesal adaptado a las necesidades de nuestra sociedad y de nuestra administración de justicia.
