Planteamiento tradicional: societas delinquere non potest

La existencia de una responsabilidad administrativa pone de relieve que es posible concebir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, además, supone igualar la existencia de derecho y deberes.

La responsabilidad penal es un instrumento básico en la lucha contra la impunidad, pues facilita considerablemente la tarea dirigida a acabar con las fórmulas para esquivar la responsabilidad; en esta misma línea, también se destaca que la empresa actúa como un factor criminógeno -provocador de delitos- en el ámbito de los delitos económicos y, en definitiva, que el DP permite una adecuada prevención y lucha contra la delincuencia organizada.