Hay por tanto, dos centros de impulsión política: uno estatal, el Gobierno; otro extraestatal, el partido de la Mayoría.
En los sistemas parlamentarios, la división de poderes, es la existente entre Gobierno y Oposición.
La socialidad del Estado comporta nuevas funciones y nuevos modos de actuar para cumplirlas.
Ha habido una progresiva evolución del Estado liberal al Estado social, donde se produce demandas sociales, que los Gobiernos deben atender. Las prerrogativas que los ordenamientos jurídicos conceden al Gobierno no ya sólo en el ejercicio de sus potestades clásicas, sino incluso en su intervención en el poder legislativo, de tal manera que más del 90% de la producción legislativa es de iniciativa gubernamental, en la cual tiene el monopolio sobre ciertas materias, como los Presupuestos y preferencias en el tratamiento de su proyectos de ley sobre las proposiciones de ley de iniciativa parlamentaria.
El Estado social y democrático de Derecho, aspira a un Gobierno fuerte con una Administración dotada de medios eficaces y un Parlamento que legitime la política gubernamental, aprobando leyes necesarias, y controle con la participación de la Oposición.
