Asignación de recursos

Desde un planteamiento liberal, la de asignación de recursos tienen una solución simple: dejar que la acción individual se exprese libremente en el mercado. En efecto, los ciudadanos expresan sus preferencias demandando los distintos productos y las empresas hacen patente sus posibilidades ofreciendo los bienes a distintos precios. De este modo, la demanda y la oferta expresan los deseos de los individuos y el mercado determina la cantidad y el precio que corresponde a cada bien o servicio.

El gráfico indica cómo el mercado resuelve el primer problema: el de asignación, pues determina qué bienes (cantidad) y a qué precio deben fabricarse. Pero además los resuelve de una forma eficiente, llamado óptimo de Pareto (V. Pareto, una situación puede calificarse de eficiente cuando no es posible mejorar la situación de alguien sin que empeore la de otro -eficiencia paretiana-).

Esta cuestión resulta esencial. La curva de oferta representa el coste marginal de producir el bien analizado, mientras que la demanda indica lo que el consumidor (o consumidores) están dispuestos a pagar por ese producto. De esta forma, en equilibrio se garantiza que

P = CMg

y, por tanto, que lo que el ciudadano quiere gastarse coincide, exactamente, con lo que cuesta producir el bien, en la última unidad que suministra el empresario (Costes marginales CMg: son los gastos generados por la última unidad de bien o servicio producida).

Asimismo, la actuación privada resuelve el problema de cómo fabricar los distintos bienes y servicios. El empresario, buscando su propio interés individual, elegirá aquella combinación de los recursos (Tierra, Capital y Trabajo) que le resulten más rentables, a partir de la productividad de cada factor de producción, los precios de estos recursos, y el precio del bien o servicio que él mismo ofrece.

Si el mercado es capaz de resolver los problemas de asignación, es obvio que el sector público tiene un papel "muy limitado en esta materia”. Su acción debe reducirse a suministrar aquellos bienes y servicios para los cuales no puede existir un mercado. Esta afirmación obliga a plantear qué condiciones deben darse para que el mecanismo de mercado funcione, y en tal sentido, deben citarse dos requisitos independientes:

• Rivalidad en el consumo: significa que ningún ciudadano puede disfrutar de un bien o servicio cuando otro lo está utilizando (ej., si yo uso un jersey, ninguna otra persona puede usarlo al mismo tiempo). Pero hay productos en los que el consumo no es rival; ej., si yo asisto a un concierto de música, disfruto del espectáculo al mismo tiempo que otras persona.
• Posibilidad de exclusión: quiere decir que hay algún modo de excluir del consumo a aquellas personas que no paguen un precio por el producto. Por ejemplo, en el caso de la defensa nacional, de la seguridad ciudadana, o de un espectáculo de fuegos artificiales no hay forma de eliminar del disfrute del producto a quienes no han pagado un precio por el bien.

Estas dos condiciones son independientes, y de hecho, podemos hacer una clasificación de los bienes de acuerdo con ambos rasgos:

Desde una perspectiva liberal, el único papel que debe cumplir el Estado es el de proveer a la sociedad de los bienes públicos puros. Como éstos son una cantidad relativamente pequeña en el conjunto de toda la producción del país, su función es muy limitada, y de ahí que se le denomine Estado mínimo, y, como no se puede cobrar un precio, el sector público deberá financiar estas producciones a través de los impuestos.

El planteamiento intervencionista amplía considerablemente el campo de la acción del sector público en los problemas de asignación de recursos más allá de la provisión de estos bienes públicos puros. El Estado debe intervenir en todos aquellos casos en que el mercado no produce los resultados óptimos que predican los partidarios del enfoque liberal. ¿Cuándo se da esta circunstancia? ¿En qué casos el mercado no genera resultados eficientes? La respuesta a estas cuestiones constituye lo que denominamos teoría de los fallos del mercado, que podemos resumir en los siguientes:

1. Mercados de competencia imperfecta: cuando el mercado es un monopolio, no podemos garantizar que se dé la condición de P = CMg, pues el empresario elige aquella cantidad donde se da la igualdad CMg = IMg, una cifra inferior y un precio superior al generado por un mercado de competencia perfecta.
2. Presencia de efectos externos (externalidades): el empresario o el consumidor sólo tienen en cuenta los costes y los beneficios individuales, pero no los posibles efectos que su actividad produce sobre terceros. De esta forma, ni la demanda refleja todos los beneficios para la sociedad, ni la oferta todos los costes.
3. Información asimétrica: el análisis de los mercados de competencia perfecta supone que los vendedores y los compradores disponen de la misma información en cuanto al precio y a la calidad del producto. En la realidad, el vendedor suele tener mayor conocimiento que el comprador y ello puede llevar, no ya a un mal funcionamiento del mercado, sino, incluso a su misma desaparición.
4. Bienes preferentes y prohibidos: son aquellas situaciones en las que la sociedad valora de forma positiva o negativa los resultados que alcanza la libre acción individual. En estos casos, la sociedad determina que el mercado produce una cantidad insuficiente de productos o, lo que es igual, que su precio es demasiado alto y no todos los ciudadanos pueden acceder a ellos (vivienda, educación, cultura...), de modo que se encarga al poder público complementar la oferta privada o subvencionar la adquisición. En otros (los prohibidos), la producción de determinados bienes es considerada como un mal para el conjunto de la ciudadanos y se prohíbe la producción de los bienes o servicios correspondientes (drogas, o las limitaciones establecidas sobre algunas líneas telefónicas).