Se trata de dos tipos de bienes en los que la presencia del sector público se explica por la existencia de un juicio de valor previo, emitido por la sociedad, que, en unos casos, considera que determinados bienes deben ser accesibles a todos los ciudadanos, con independencia de los recursos económicos de que dispongan, mientras que, en los otros, esa misma sociedad estima que son más que bienes, males, y que por lo tanto el consumo debe verse dificultado o incluso prohibido.
Tres cuestiones, sobre la materia, que resultan importantes:
- Nos parece obvio que cuando la sociedad decide obligar al consumo de un determinado producto (Ejemplo, en la educación hasta un determinado nivel de enseñanza) o impide el consumo de otro (Ejemplo, drogas ilegales), está afectando a las decisiones libres de los individuos, que podrían optar por otro orden de valores. Como reflexión a la cuestión ¿qué circunstancias justifican coartar esas libertades y qué motivos puede tener el sector público para saber mejor que el individuo cuál es la forma óptima de cuidar sus intereses?.
- La percepción social de que determinados servicios son esenciales a la dignidad del hombre y que, por tanto, su acceso no puede verse limitado por la carencia o insuficiencia de medios económicos, no va acompañada de una preocupación análoga por las condiciones en los que tales servicios se suministran. Los casos de abuso de estos servicios son tan frecuentes y excesivos que pueden llegar a poner en peligro la propia capacidad pública para seguir prestándolos y, sin embargo, no existe una clara conciencia de los efectos que la desmesura en la demanda de estos servicios puede acabar generando.
- En el caso de la prohibición de determinadas drogas, podemos seguir dos tipos de planteamientos que llevan a conclusiones totalmente opuestas:
- Stuart Mill señala que las decisiones de un ser humano racional, aunque perjudiquen a su salud, material o espiritual, tan sólo le competen a él como individuo. Esta posición conduce a la despenalización del tráfico de las actuales drogas prohibidas, entre otros. A este argumento se le suele añadir una larga enumeración de las consecuencias indeseables de la prohibición que, se afirma, causa más daños que la prohibición misma. Asimismo, se insiste en que la prohibición ha fracasado dado lo sencillo que resulta acceder a estos productos.
- Se ha defendido que las drogas hoy prohibidas causan daños no sólo a la salud del usuario de las mismas, sino también a terceros. Además, de los costes de salud, o incluso los de pérdidas de producción debido a que los consumidores sean adictos a este tipo de producto, al final, acaban recayendo sobre la sociedad en su conjunto. Por último, hablar de libertad entre quienes hacen uso de las drogas no deja de ser un sarcasmo, dado que su adicción les hace cualquier cosa menos libres.
