A lo largo de las páginas anteriores hemos ido explicando cómo el papel que asignan los diferentes enfoques al sector público parte de visiones distintas sobre el funcionamiento de las economías de mercado.
En la medida en que el análisis (positivo) de la realidad económica pone de manifiesto deficiencias en los resultados obtenidos, se defiende la intervención pública para corregirlas; mientras que cuando se considera que el mercado puede resolver adecuadamente los problemas, se estima que el Estado debe tener una función residual, que se limitaría a establecer las condiciones necesarias para el libre juego de la acción individual.
Esta fundamentación positiva de las prescripciones (normativas) para la actividad económica del sector público se extiende mucho más allá de las consideraciones generales que hemos realizado en esta lección. Ello se debe a que, además, deberán estudiarse, en cada caso, cuáles son los efectos de las diferentes políticas de ingresos y gastos del Estado, y, de nuevo, tendremos que hacer uso de la teoría económica para evaluar sus efectos. En caso contrario, podríamos proponer una intervención pública que acabase empeorando la situación inicial.
Estas consideraciones explican por qué al estudiar cada programa de gasto, el análisis tiene un triple componente:
- Si está justificada o no la intervención pública.
- Se deben enunciar las diferentes soluciones disponibles.
- Tendremos que analizar las consecuencias de estas políticas alternativas para poder evaluar su conveniencia o no, aunque muchas veces observaremos que la opción por una u otra depende de la prioridad en los objetivos que formule el sector público, o en el orden de valores que refleje la sociedad.
