5.1. La justificación teórica del proceso redistributivo
El planteamiento de Stuart Mill parte de la observación de las enormes diferencias sociales existentes en la Gran Bretaña del siglo XIX. Estas desigualdades, inaceptables e inmorales, le llevan a afirmar que si se trata de elegir entre ese tipo de sociedad y el comunismo, todas las deficiencias o dificultades del comunismo harían inclinar la balanza del otro lado. Sin embargo, en opinión de Stuart, la elección no debe plantearse, necesariamente, entre capitalismo y comunismo, sino que el capitalismo puede incorporar reformas que le permitan subsistir. Entre ellas, la reforma en la distribución de la propiedad y de los ingresos, resulta urgente, y además, generará efectos beneficiosos para el conjunto.
Esta argumentación se basa en la utilidad total y utilidad marginal. La persona que obtiene ingresos observa que su satisfacción aumenta, pero lo hace a un ritmo cada vez más lento, o en los citados términos de utilidad ⇒ el valor total es creciente, pero el marginal es decreciente. Imaginemos, entonces, que la sociedad hay dos grupos de personas: ricos con un nivel de utilidad muy alto; y otros, pobres con utilidad total muy baja. Si les quitamos un poco de renta a los ricos para dársela a los pobres, el sacrificio sufrido, en términos de utilidad marginal perdida es muy inferior al beneficio percibido, en utilidad marginal ganada. En conjunto, el nivel de bienestar total de la sociedad habrá aumentado como consecuencia de la redistribución de la renta.
Llevando hasta sus últimas consecuencias la argumentación, es fácil comprobar que el nivel máximo de satisfacción social, o, si se quiere, de bienestar, se alcanzará cuando todos los individuos tengan el mismo nivel de renta. Stuart Mill afirma que su programa es revolucionario.
El segundo planteamiento es el seguido por Nozick, quien niega al sector público cualquier prerrogativa para privar a unos ciudadanos de sus ingresos para entregárselos a otros. El monopolio de la violencia es concebido como procedente de una evolución en el propio mercado de servicios de seguridad, mercado que aparece para salvaguardar los derechos de propiedad de los ciudadanos. Por eso, del mismo modo que este monopolio nace de la voluntad unánime de éstos individuos, expresada en el mercado, sólo una voluntad unánime de estos puede justificar cualquier redistribución de los recursos. Dicho en otros términos, el sector público sólo puede actuar cuando mejore la situación de algún miembro de la colectividad, sin empeorar la de ningún otro.
Si limitamos el campo de intervención pública a aquellos casos que obtengan un consenso unánime, las posibilidades de acción redistribuidora son nulas en el caso de posiciones iniciales que sean óptimos en el sentido de Pareto, pues un óptimo de Pareto es aquella situación en la que no podemos mejorar la posición de un individuo sin empeorar la del otro. Si el mercado en condiciones de competencia perfecta, nos acerca a situaciones de óptimo de Pareto, el papel redistributivo del sector público es imposible.
Por último, el análisis de Rawls, para quien resulta imposible desvincular las actitudes sobre la redistribución de las posiciones iniciales de renta de cada uno de los individuos. En efecto, si exigimos una votación unánime para llevar adelante un proceso de reparto, nos encontraremos con el veto efectivo de quienes, al poseer un alto nivel de ingresos se verán perjudicados en el proceso. Si nos basta el voto mayoritario, y los que perciben un nivel de ingresos más bajo constituye un número superior a los privilegiados, los sistemas electorales garantizan que se lleve a cabo esa redistribución. Estas dificultades llevan a Rawls a plantear el problema, como si pudiera suscitarse antes de conocer cuál será nuestra posición en la sociedad.
Imaginemos que preguntamos a los diversos individuos qué regla de distribución se aceptaría, antes de conocer cuál será su futuro, o como dice Rawls, bajo el velo de la ignorancia. En estas circunstancias, ninguno puede excluir que le corresponda la peor posición en la escala social o económica, y, por tanto, propondrá en su interés, que se ayude al máximo a quien se encuentre en la peor situación. A esta propuesta se denomina criterio maximin.
Así pues, el acuerdo unánime no procede de la solidaridad, ni una mayor igualdad, sino en la búsqueda del propio interés particular.
5.2. El debate sobre los mecanismos de redistribución
¿Resulta más apropiado efectuar una redistribución en especie, es decir, permitiendo a todos los ciudadanos alcanzar un nivel mínimo de productos esenciales (alimentación, educación, sanidad, vivienda…)? O ¿Debe hacerse la redistribución a través de ingresos compensatorios?.
James Tobin, defiende la primera opción. El argumento decisivo se fundamenta en el hecho de que mediante la entrega de determinados bienes y servicios, el sector público garantiza que el ciudadano obtenga estos elementos esenciales, mientras que la redistribución en dinero puede conducir a un gasto en productos distintos, con lo que el objetivo puede no alcanzarse.
Por el contrario, quienes, como Milton Friedman, defiende la distribución se realice a través de mecanismos monetarios, pues permiten una mayor libertad de elección por parte del individuo, que siempre es el mejor juez de sus propios intereses. El pago en bienes y servicios se catalogaría, así, como una muestra de la desconfianza del sector público en la libertad individual.
No es fácil optar por una u otra fórmula, pues:
- Parece indudable que la entrega de dinero resulta ser más eficiente en términos de capacidad de elección y menos proclive a general fraude.
- La distribución en especie también puede defenderse:
- Se dan circunstancias en las que el preceptor de la ayuda carece de información suficiente, lo que le impediría adoptar una conducta óptima. Por ejemplo, en el caso de quien nunca ha recibido una educación superior y no es consciente de las posibilidades que se le abren al dedicar sus ingresos a la adquisición de capital humano.
- Que la ayuda recibida del sector público vaya dirigida no al individuo que la cobra, sino a los menores que dependen de él, de tal modo que su actuación sea más bien la de administrador de esos recursos.
En cualquier caso, debemos ser consciente de que ambos mecanismos de redistribución coexisten en los modernos Estado de Bienestar, y que al lado de la entrega de bienes preferentes existen formas de pago en dinero.
