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Veremos aquí sí las distintas teorías vistas hasta ahora puede justificar la evolución del gasto público en nuestro país, o si por el contrario existen elementos diferenciales.

5.1. Los hechos

Existen dos motivos por los cuales las leyes de presupuestos pueden darnos una visión inexacta de la realidad sobre la evolución real del gasto público en nuestro país:

  1. El primero es que, debido al proceso de descentralización que ha vivido nuestro país, una buena parte del gasto público se lleva a cabo fuera de la Administración Central del Estado, y deberíamos utilizar por ello datos que reflejan la evolución del gasto del conjunto de las Administraciones Públicas.
  2. El segundo hace referencia a que las diferencias entre el gasto inicialmente presupuestado y el que realmente se realizó es tal, que sería lógico preguntarse para qué sirven los presupuestos, teniendo que hacer uso de los datos suministrados en los diversos informes económicos del Banco de España.

Si analizamos lo sucedido en España desde 1980, se aprecia un fuerte crecimiento en los gastos, casi diez puntos entre 1980 y 1986. Este incremento de los gastos no se ha visto acompañado por un aumento paralelo de los recursos, de tal manera que las cifras de déficit público se disparan a partir de 1982.

Igualmente, se comprueba que los intentos de controlar el gasto público y, por tanto, el déficit público, no son duraderos.

A partir de 1995 la situación ha cambiado sustancialmente, tal mejoría se puede sintetizar en la notable reducción del déficit público, que pasa de ser un 6,3% del Producto Interior Bruto a alcanzar el equilibrio presupuestario en el 2003 y superávit a partir de esa fecha. Los datos, además reflejan que estos resultados se han alcanzado más por una paulatina reducción del gasto público que por un aumento en los ingresos del sector público.

5.2. Una explicación del crecimiento del gasto público en España

Nuestro país no es una excepción al hecho del aumento del gasto público. Sin embargo, España presenta algunas singularidades:

  1. El proceso de transición política vivido por nuestro país a partir de 1975 con la sustitución de un sistema autoritario por otro democrático, generó numerosas demandas de un mayor gasto. Este aumento del gasto en una primera etapa, puede atribuirse a la debilidad de los sucesivos gobiernos de transición, carentes de apoyo democrático. Más adelante puede atribuirse al propio funcionamiento de los Parlamentos, proclives a generar esta clase de gasto público.
  2. Crisis económica que sufren las economías occidentales a partir de los años 70 en España es mucho más grave, impulsando el gasto en dos direcciones:
    1. La necesidad de efectuar pagos por seguro de desempleo para atender la creciente cifra de paro registrada por nuestro mercado de trabajo.
    2. Las subvenciones entregadas a empresas públicas con pérdidas, que representan una cifra elevada no sólo por la importancia del sector público empresarial de nuestro país, sino también porque la propia crisis económica genera un trasvase de las empresas privadas en dificultades al sector público.
  3. Consolidación de un modelo de estado del bienestar en la década de los 80 así como del sistema pensiones, el gasto educativo, sanitario o de vivienda.
  4. El gasto en infraestructuras de transporte: supuso una prioridad indudable en la transición y en los sucesivos gobiernos socialistas, sufriendo un ajuste económico en los ejercicios más recientes.
  5. El proceso de descentralización política y construcción del estado de las Autonomías: en España ha contribuido a incrementar el gasto, más que a limitarlo como en teoría podría parecer debido:
    1. Este proceso no ha reducido el número de empleados de la Administración Central aumentando en cambio el de los que prestan sus servicios en las Comunidades Autónomas.
    2. Se ha producido la duplicidad de funciones entre la administración central y las comunidades en numerosas ocasiones.
    3. El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas ha tendido a incrementar los niveles de gasto sin tener que incurrir en el desgaste de elevar los ingresos públicos.
  6. Por último el creciente déficit público colabora decisivamente al aumento del gasto, a través del pago de intereses por la deuda acumulada en ejercicios anteriores.
  7. La evolución reciente, desde 1995 a 2015, exige distinguir dos etapas. La primera, de 1995 a 2007, permite corroborar algunas de las tendencias señaladas en los párrafos anteriores. A partir de 1996 se ha producido una más que significativa reducción del gasto público en nuestro país, coincidiendo con un cambio en la orientación política del país. La mejora en los datos de la tasa de desempleo reduce el pago de prestaciones por desempleo, y la bajada de los tipos de interés reduce la carga de los intereses de la deuda. Por otro lado, el propio crecimiento en el empleo permite obtener recursos adicionales no sólo a través de la imposición directa sino también a través de las cotizaciones sociales, en este sentido debe recordarse que la capacidad de financiación de la Seguridad Social permite cubrir las necesidades de financiación de la Administración Central. En la segunda etapa, de 2008 a 2015, los efectos de la crisis económica hicieron que estas variables se movieran en la dirección contraria. Por un lado, el aumento del paro genera el aumento del gasto por prestaciones de desempleo y, por otro, la desconfianza de los mercados financieros en la capacidad de la economía española para hacer frente a sus obligaciones de pago impulsó la prima de riesgo y con ella el tipo de interés al que podía financiarse el sector público. Y desde el lado de los ingresos, la recesión económica llevó a una recaudación menor. A ello debía agregarse una menor capacidad de generar recursos a partir de las cotizaciones sociales, en una economía que no creaba sino que destruía empleo. Todos estos factores se reflejaron en el rápido deterioro de las cuentas públicas que del superávit de 2007 pasan a un déficit muy abultado en 2011. Solo a partir de 2013 los esfuerzos de contención de gasto, la mejora en los tipos de interés y la ralentización de la destrucción de empleo pudo rebajar significativamente el total de las obligaciones de pago. Ello unido a una mayor recaudación ha permitido reducir sustancialmente las cifras de déficit.

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