2.1. Estructura social
El elemento predominante de la población de la Hispania romana continuó siendo la población indígena, en tanto que la emigración de ciudadanos romanos no fue considerable. En el Alto Imperio tiende a fundirse por el avanzado e intenso grado de romanización, dando lugar a la constitución de una sociedad hispanorromana a partir del siglo II, cuyas estructuras fueron el resultado de la diversificación jurídica y económica que afectaba a sus habitantes y de la adaptación a la estructura social romana.
En las provincias hispanas se diferencian dos grandes grupos: libres o ingenuos y esclavos o siervos.
En la Roma republicana entre los libres se diferencian dos clases diferentes: patricios (senadores, dueños de grandes propiedades) y plebeyos (con condición jurídica libre, como artesanos y pequeños comerciantes urbanos; y gentes con libertad restringida, como libertos y encomendados) y entre ambas clases los equites (orden ecuestre) formada por ciudadanos acaudalados que en principio podían costearse el servicio militar a caballo y que están llamados a convertirse en una clase social dinámica, dedicada preferentemente a actividades mercantiles y a la magistratura.
En la etapa del Alto Imperio la sociedad tuvo una notable evolución debido a la fusión de la nobleza senatorial con la de los equites y la asimilación a la misma de los grandes propietarios territoriales, y sobre todo a la formación (desde tiempos de Augusto) de una clase media desarrollada principalmente en las ciudades provinciales que se convertirán en el principal soporte socioeconómica del Principado.
Desde el Imperio la sociedad romana se jerarquizó en un sistema de castas (estratificación social en función del poder económico) que diferencia a los llamados honestiores (senadores, ilustres y especiales) de los humiliores (plebe y semilibres) y de los mediocres (grupo compuesto por sacerdotes, decuriones, militares, negotiatores).
En el Bajo Imperio estas diferencias se radicalizaron, aparecen dos grandes grupos antagónicos: honestiores (aristocracia senatorial y burocrática, los grandes propietarios y la burguesía ciudadana) y los humiliores (plebe urbana: artesanos y comerciantes, y rural: pequeños poseedores y colonos).
Esta organización vertebró a grandes rasgos la estructura social de la Península Ibérica donde al ponerse en contacto la población indígena con la clase romana de los equites, también se fusionó con las clases inferiores (cultivadores y plebe urbana y los esclavos de uno y otro pueblo).
Al quedar la península pacificada en tiempos de Augusto los senadores y los equites habían sido ya sustituidos en su influencia por las clases medias, en las que estos se apoyaron firmemente.
En el Bajo Imperio quedó constituida en las provincias hispanas una sociedad formada por dos únicas clases: superior y poderosa (senadores, latifundistas, grandes funcionarios de la administración imperial, que evolucionará hacia la desaparición de los equites) y una clase media urbana (empobrecida y que había perdido ya toda su función rectora) o rural (en la que había disminuido ya el número de los pequeños propietarios).
Por debajo de estas dos capas sociales estaba el pueblo formado por individuos de condición jurídica libre o con libertad restringida por situaciones como la de liberto, cliente, patrocinado o encomendado (situaciones en que frecuentemente incurrieron los colonos y pequeños propietarios a los que se impedía abandonar la tierra que cultivaban) que según habitase la ciudad o el campo constituía la plebe urbana o la plebe rústica.
Por otra parte había también un número considerable de esclavos que no tenían consideración jurídica de persona sino de cosa, siendo objetos del derecho, no sujetos, es decir, estaban bajo la potestad de su dueño (que podía ser un particular, una institución o una ciudad) que ejercía sobre ellos todas las facultades inherentes al derecho de propiedad, pudiendo venderlos o transmitirlos. En la condición de siervo se incurría por haber nacido de padres siervos, por cautiverio de guerra, por la entrega voluntaria del individuo en servidumbre o por pena o deuda en cumplimiento de una obligación contraída. Podían abandonar dicha condición mediante la manumisión, que hacía del siervo un liberto.
Además estaban los grupos de judíos (que desde la constitución de Antonio Caracalla del 212 tuvieron una situación jurídica especial) y los extranjeros (bárbaros) cuyas relaciones con el Imperio se enmarcaban dentro de acuerdos políticos (foedera), establecidos sistemáticamente desde el siglo IV, que les proporcionaban protección jurídica.
2.2. La crisis del bajo imperio
El comienzo de la crisis está a finales del siglo II, una de las consecuencias de la anarquía militar. A partir de este período la organización del Imperio sufriría una crisis que afectaría de manera global a todas las instituciones, al resquebrajarse el sistema o modo de producción esclavista sobre el que se habían asentado.
Las interpretaciones más conocidas de la crisis del Imperio han recurrido para su explicación fundamentalmente a causas de índole social y económica. Rostovzeff consideró que la clase media no fue lo bastante fuerte para sustentar el peso del Estado y cuando los órdenes superiores (senadores y equites) se hicieron cada vez más exclusivos y la sociedad del Imperio se fue separando cada vez más (honestiores y humiliores) surgió un antagonismo que se manifestó en diferencias sociales insalvables, que llegaron a bloquear las estructuras del Imperio.
Walbank situó la causa de la crisis en el hecho de que el crecimiento fabril e industrial no estuvo a la altura del crecimiento demográfico. No hubo progreso técnico acorde con las necesidades, porque la manufactura estuvo en manos de obreros, en su mayoría esclavos, que practicaron técnicas rutinarias, no innovadoras (no basadas en la investigación sino en la repetición) que acabaron por empobrecer socialmente tal actividad y encuadrarla entre las vergonzantes. El trabajo quedó relegado en los estratos más bajos de la sociedad por la falta de innovaciones técnicas.
También tradicionalmente la crisis ha sido atribuida a las invasiones de los pueblos bárbaros, que ejercieron sobre la realidad del mundo romano un efecto desestabilizador.
Pero en realidad el desmoronamiento del Imperio se debió a sus propias contradicciones internas y a la acción sinérgica (suma de efectos individuales) de una serie de concausas que fueron el exponente del declive de una potencia que había dejado paso a otras fuerzas emergentes.
La crisis se inicia en el 301 con la promulgación por Diocleciano del edicto de pretiis rerum venali (edicto del precio máximo de las cosas) que suponía un intento de fijar el precio máximo al que podían venderse las cosas. Igualmente significativo fue el período transcurrido desde el 364 al 410, ocupado por sucesivas invasiones de bárbaros que culminan con el saqueo de Roma por el visigodo Alarico I en el 410.
A) La adscripción a los oficios. El colonato
Desde el punto de vista social y jurídico, el significado de crisis se sintetiza en torno al fenómeno de la adscripción de las personas a la tierra, el cargo o el oficio. Al intento de Diocleciano de fijar el precio de las cosas para evitar el desmoronamiento de los precios, siguió el intento de fijar a las personas. Así, los colonos, aparceros y arrendatarios en general quedarían adscritos a la tierra que cultivaban, para asegurar con ello la permanencia en las tierras de mano de obra y la continuidad del cultivo aun en el caso de que fuera transferida. También significaba, por una parte, que las personas al quedar privadas de su libertad de movimiento pasaban a una situación similar a la esclavitud, aunque formalmente participasen del status jurídico de libertad. Por otra parte, significa que al ser el Estado, incapaz de proteger a las personas, resultará suplantado por otras instancias intermedias que desempeñan su papel en la relación general que le une con los súbditos.
A corto plazo esta situación aseguraba la continuidad de los que explotaban una tierra ajena y evitaba el deterioro de sus condiciones de vida, ya que, en el caso de que se produjera un cambio de manos, el nuevo propietario compraba ya la tierra con la mano de obra adscrita. Pero a medio plazo la adscripción a la tierra generaba irremisiblemente una cosificación creciente de las personas afectas, motivada por la escasez de mano de obra esclava, que provocó el endurecimiento de las condiciones de vida de los adscritos, que pasaron a ser los obligados exclusivos de los trabajos que requería el cultivo de la terra dominicata.
De esta manera, los colonos quedaron adscritos al trabajo de la tierra y al predio mismo que cultivaban y también quedaron adscritos al campo los hombres libres, antiguos poseedores de pequeñas tierras, que se habían visto obligados a cederlas a un latifundista al que con frecuencia se encomendaron a cambio de protección. La condición de no poder abandonar los campos hacía que estos colonos y su descendencia pasara de hecho a una situación de falta del libertad de movimientos muy próxima a la servidumbre, aunque jurídicamente fueran libres.
De igual manera la adscripción al oficio pretendía asegurar la producción en las ciudades y frenar la huida masiva de sus habitantes para establecerse en el medio rural, donde era más fácil esquivar la acción de los recaudadores de impuestos. Frente a esta situación, comerciantes, artesanos y oficiales de cualquier clase de profesión quedaron encerrados en sus propias corporaciones profesionales de forma vitalicia y hereditaria.
Como consecuencia de esta situación los sujetos muy frecuentemente tratarían de huir al campo fingiéndose esclavos, fugitivos, o forzando una situación de colonato.
También los cargos municipales se convirtieron en obligatorios e irrenunciables, y dada la dificultad para encontrar cobradores de impuestos, a partir de una medida de Diocleciano y Constantino los componentes de las curias municipales (decuriones) fueron obligados a responder con su propio patrimonio de las cantidades que se les asignaba recaudar. De esta forma, las magistraturas se convirtieron en una carga que obligó a los magistrados a corromperse, a entrar en lazos de clientela, o a huir al campo, siendo ésta otra de las causas de destrucción del Estado. Pero ninguna de estas medidas logró evitar el despoblamiento de las ciudades y el desmoronamiento de las instituciones del municipio, que pasaron de ser la base más sólida de la organización romana, a ser organizaciones de la administración centralizada del Imperio. La ciudad dejó de ser centro político y administrativo de su distrito rural, debido a que su territorio fue independizándose de las autoridades municipales, ya que la participación del pueblo en el nombramiento de los magistrados municipales fue sustituida por un sistema de elección directa, por parte de los senadores de la curia, todo ello dentro de un proceso parecido a los ya descritos.
B) El patronato
El desmoronamiento del poder político y la precariedad generalizada propiciaron la aparición con fuerza renovada de la institución prerromana de la clientela, que en la versión del Bajo Imperio se conoció como patronato, patrocinio o encomendación.
Se trata de la creación de un vínculo de dependencia entre un sujeto poderoso y otro menesteroso, por la cual el encomendado o patrocinado entrega al patrón una pequeña propiedad o una renta a cambio de protección y tutela. Ante su generalización, el patronato fue reiteradamente prohibido durante el bajo imperio, sin éxito.
