Partiendo del carácter instrumental del proceso, pueden distinguirse tantos procesos como disciplinas sustantivas contempla nuestro ordenamiento. De este modo, en una primera clasificación, pueden distinguirse los procesos para la aplicación del Derecho público, de aquellos que aplican normas de Derecho privado. Al primer grupo pertenece el proceso penal, el contencioso-administrativo y el constitucional, en tanto que, en el segundo, pueden encuadrarse el proceso de trabajo y el proceso civil.
3.1. El proceso penal
Se encuentra regulado por la LECrim de 1882 y dispone de reformas posteriores.
El objeto del proceso penal es la pretensión punitiva, que consiste en la petición de aplicación de una pena al acusado fundamentada en la presunta comisión de un hecho punible. Las pretensiones penales son siempre, pues, de condena y su elemento esencial lo constituye el hecho punible y la identidad de su autor. La defensa es una parte dual, integrada por dos sujetos procesales, el imputado y su abogado defensor, cuya misión consiste en hacer valer dentro del proceso el derecho fundamental a la libertad que ha de asistir a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente. El proceso penal se rige por el principio acusatorio.
El procedimiento penal aparece dividido en dos fases: la instructora y la del juicio oral. La primera de ellas recibe el nombre de sumario y transcurre ante el Juez de Instrucción y su función consiste en preparar el juicio oral, mediante la determinación del hecho punible y de su presunto autor, denominado imputado o procesado. Si no se determinara alguno de aquellos elementos (hecho punible o autor), el proceso finalizará mediante el auto de sobreseimiento.
A diferencia de la fase instructora, que está regida por el principio de la escritura y del secreto de las actuaciones, la del juicio oral, como su nombre indica, está presidida por los principios de oralidad, inmediación y publicidad. La fase de juicio oral está destinada a formalizar la pretensión penal o acusación y a probar, bajo los principios de contradicción e igualdad, los hechos que la fundamentan, tras lo cual, el juez o tribunal pronunciará su sentencia, contra la cual siempre podrán las partes interponer bien el recurso de apelación (delitos leves), bien el de casación (delitos graves).
De conformidad con la gravedad del hecho punible, subsisten tres procesos ordinarios y ciertos procesos especiales. Los procesos ordinarios se denominan el sumario ordinario, para el conocimiento de delitos con penas privativas superiores a los nueve años, con instrucción por un juez y juicio oral residenciado en la Audiencia Provincial; el proceso penal abreviado con diligencias previas atribuidas a los Jueces de Instrucción y la fase del juicio oral con conocimiento, bien por los Juzgados de lo Penal (penas de hasta cinco años), bien por las Audiencias Provinciales (de cinco a nueve años); y los juicios de faltas, de los que conocen los Juzgados de Instrucción y el proceso ante el tribunal del Jurado, para el enjuiciamiento de un número importante de delitos. Los procesos especiales son muy escasos y pueden dividirse en especiales por razón de las personas y por razón de la materia.
3.2. El proceso administrativo
La fuente reguladora del proceso administrativo fue la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956.
A los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo les corresponde conocer del igualmente denominado recurso contencioso-administrativo. Dicho recurso puede ser interpuesto tanto contra actos administrativos, cuanto contra Reglamentos y demás disposiciones con rango inferior a la ley.
Las pretensiones administrativas son siempre o declarativas puras o mixtas: de un lado, declarativas de nulidad o constitutivas de anulación del acto o disposición impugnada y, de otro, de condena al cumplimiento por la Administración de una determinada prestación.
En el ordenamiento jurídico coexisten dos procesos administrativos ordinarios (el común y el abreviado) con cinco especiales. El contencioso-administrativo ordinario está regido por los principios dispositivo, investigación de oficio de la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales, escritura, inmediación y única instancia; en tanto que el abreviado se rige por el principio de oralidad.
El actor es por regla general el administrado. La Administración asume normalmente el papel de demandada, siendo defendida por la Abogacía del Estado. La fase de ejecución hoy es confiada a los Juzgados y Tribunales administrativos. Los procesos especiales son la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, la cuestión de ilegalidad y el de suspensión de acuerdos de las corporaciones locales.
3.3. El proceso constitucional
Se regulan por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Están informados por los principios dispositivo, escritura y única instancia.
Dos grandes grupos: a) de protección de derechos fundamentales, y b) de control constitucional de la legalidad.
A) Protección de derechos fundamentales
La protección la efectúa el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo, si han sido vulnerados los auténticos derechos fundamentales. Se han de cumplir unos requisitos previos (destaca el principio de subsidiariedad). A través del amparo, el Tribunal Constitucional no sólo efectúa una labor subjetiva de protección de tales derechos constitucionales, sino que también asume otra objetiva de creación de doctrina legal, vinculante para los tribunales ordinarios y para el Poder Legislativo.
B) Control constitucional de la legalidad
La función de control la efectúa el Tribunal Constitucional a través de tres procedimientos:
Conflictos de competencia. Los pueden plantear tanto el Estado como las Comunidades Autónomas.
Control abstracto de la constitucionalidad. Recurso de inconstitucionalidad que pueden plantear, dentro del plazo de tres meses posteriores a la publicación de una ley, cincuenta Diputados o Senadores, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, el Presidente del Gobierno y los órganos ejecutivos y legislativos de las Comunidades Autónomas contra las leyes y disposiciones con rango de ley. Mediante el recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional anula aquellas leyes que vulneren nuestra Ley Suprema, asegurando el principio de supremacía y jerarquía constitucional.
Control concreto de la constitucionalidad. Se efectúa, sin sometimiento a plazo alguno para su interposición con respecto a la publicación de la ley, a través del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, duda que puede tener, en el curso de un proceso, un juez o Tribunal acerca de la constitucionalidad de una ley aplicable a un caso concreto. El órgano judicial ha de suspender el plazo para dictar sentencia y trasladar dicha duda al Tribunal Constitucional a fin de que la resuelva mediante sentencia.
3.4. El proceso laboral
El proceso de trabajo se regula en la Ley 36/2011 que contempla un proceso ordinario y diversos procesos especiales.
El proceso laboral transcurre ante los Juzgados de lo Social, en primera instancia, las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia (segunda instancia) y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (casación). Los órganos de lo social son, pues, órganos jurisdiccionales ordinarios especializados en la aplicación del Derecho del Trabajo.
El proceso ordinario está informado por los principios dispositivo, investigación de oficio, oralidad, inmediación, rapidez, economía y doble instancia. Es un proceso ágil, sencillo, rápido, poco costoso para las partes y que posibilita la averiguación de la verdad material. Se trata, pues, de un proceso modélico.
En él se puede hacer valer cualquier pretensión fundada en el Derecho del trabajo. Lo usual es que tales pretensiones sean mixtas, esto es, de un lado, pretendan el reconocimiento de una determinada relación laboral y de otro, la condena a la contraparte al cumplimiento de una prestación.
La principal característica del procedimiento laboral es la oralidad. El proceso de trabajo permite, pues, descubrir la verdad material frente a la meramente formal que suelen presentar las partes.
3.5. El proceso civil
El proceso civil se regula por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.
Los procesos civiles transcurren ante los Jueces de Primera Instancia e Instrucción que conocen de la fase declarativa y de ejecución; la apelación se confía a las Audiencias Provinciales, y la Sala de lo Civil, del Tribunal Supremo conoce del recurso de casación.
La pretensión civil ofrece la singular característica de estar fundada en normas pertenecientes al Derecho Privado. En el proceso civil el principio dispositivo es absolutamente hegemónico.
Además del dispositivo, el proceso civil está también informado por los principios de aportación de los hechos por las partes, valoración conjunta de la prueba, oralidad, inmediación y doble instancia.
En la actualidad coexisten dos procesos ordinarios con un sin número de procesos especiales y sumarios. Los procesos ordinarios son: el ordinario para el conocimiento de pretensiones con un valor económico superior a las 6.000€ y el juicio verbal para las demás demandas de cuantía inferior.
Nuestro sistema procesal civil se caracteriza por la existencia de un frondosa selva de procedimientos especiales que tampoco aseguran un tratamiento más rápido de los litigios.
