La filiación tanto por naturaleza como adoptiva ha estado sujeta a cambios importantes. Desde una perspectiva jurídica destaca por su relevancia la incidencia de la Constitución Española.
Junto a la Constitución, han irrumpido en la normativa reguladora de esta materia la Convención de los Derechos del Niño de 1989, adoptada en el marco de la ONU.
La intervención de los poderes públicos en la filiación, sobre todo adoptiva, se ha dejado notar de forma intensa en su regulación. Este desplazamiento de lo privado a lo público es un rasgo que se percibe en el sistema de protección de los menores en general.
Los movimientos migratorios han obligado a dar una respuesta a instituciones en un principio desconocidas para el ordenamiento jurídico español. De igual modo el surgimiento de nuevos modelos de familia plantea retos importantes.
