De las pretensiones colectivas en defensa de los consumidores destacan los siguientes elementos:
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El ejercicio de estas acciones se rige por principios de derecho público, de un lado se orientan a la protección de los intereses generales de los consumidores y usuarios y comportamientos concretos dirigidos a remover los obstáculos de orden económico y social que limitan la efectiva participación de los consumidores en el mercado, en condiciones que garantice la igualdad, libertad y seguridad.
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Una segunda característica esencial y definitoria de este tipo de tutela consiste en que estas pretensiones no se orientan a la satisfacción de los intereses individuales de cada uno de los afectados por la conducta empresarial, sino que son pretensiones interpuestas en defensa de los intereses generales colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.
