Interpretar el Derechos es buscar el sentido y alcance directivo que tienen las normas jurídicas. Éstos constituyen el objetivo último de toda interpretación jurídica.
Cualquiera que intente saber qué es lo que puede hacer jurídicamente necesitará averiguar qué es lo que le permiten las correspondientes normas jurídicas que son de aplicación a su caso. Por tanto, necesitará hacer la interpretación jurídica de lo que dice la desnuda literalidad de esas normas. En consecuencia, la interpretación jurídica es una actividad permanente y universalmente presente en los diferentes momentos de la vida del Derecho. Una actividad que, por otra parte, es notablemente compleja, ya que no podrá determinarse la norma aplicable a un supuesto, si no se tiene ya en alguna forma la calificación jurídica de tal supuesto. Y, a su vez, no podrá calificarse jurídicamente un supuesto, si no se sabe ya de alguna forma cuáles son las normas jurídicas aplicables.
La actividad cognoscitiva del intérprete de las normas jurídicas ha de estar siempre atenta a las consecuencias que se derivan del carácter constitutivamente "histórico" del Derecho. Puesto que la normas jurídicas se elaboran bajo el estímulo de unas ciertas necesidades y para lograr unos determinados objetivos sociales, su sentido y alcance pueden experimentar notables alteraciones por la influencia del simple decurso del tiempo histórico y de los cambios sufridos por las condiciones estructurales de la organización de la vida social y del propio sistema jurídico al que pertenecen. De ahí que el intérprete haya de tener siempre presente que las normas jurídicas no son juicios o proposiciones de naturaleza científica, sino enunciados prescriptivos que están destinados a producir unos determinados efectos en la vida social y que, en consecuencia, han de ser analizados atendiendo a criterios de justicia, de adecuación al fin y de correspondencia entre la "situación típica" a la que se refiere cada norma y la "situación real" en la que va a aplicarse.
