En las antípodas del sistema francés se sitúa el sistema de empleo público norteamericano, que ofrece escasas diferencias de régimen y de espíritu con el que es propio de las empresas privadas occidentales. Los americanos pretendían crear una Administración sin pagar por ello el precio que comporta la existencia de una burocracia, cuyo incipiente desarrollo se intentó yugular con la Four Tenure of Office Act de 1820. Esta Ley estableció la regla de que los empleados de finanzas debían rendir cuentas de su gestión y obtener confirmación de su investidura cada cuatro años, limitación que se extendió inmediatamente al plazo de permanencia en otros empleos.
En defensa legal contra el riesgo de un funcionariado permanente, que pudiera originar una propiedad antidemocrática sobre las funciones públicas, fue después utilizada para despojar de sus puestos a los funcionarios de ideología contraria y recompensar con ellos a los propios partidarios después de ganar las elecciones.
La sustitución de unos funcionarios por otros, provocó graves crisis en los servicios del Estado, generalizando la corrupción. El sistema de botín estaba tan arraigado que fueron inútiles los esfuerzos realizados del general Grant, tras la guerra de Secesión. Más tarde se aprobó la Pendleton Act en 1883, que crea la Civil Service Commission, una copia de los británicos. No todos los puestos se cubrirán por el sistema de méritos, un número directo se reservó para los que, por una u otra razón, se relacionasen en una executive order presidencial, y cuya provisión se hace de forma discrecional.
A este sistema se le imputa, entre otras deficiencias, la coexistencia en unas mismas organizaciones de funcionarios seleccionados por mérito con otros de origen político donde esa circunstancia no cuenta en absoluto, así como la falta de formación funcionarial.
De la baja formación del funcionario, es muy responsable la creencia, típica de los sistemas de función pública abierta de la innecesariedad de una formación específica para ser funcionario.
Para corregir algunas disfunciones del sistema, el presidente Carter aprobó en 1978, la Civil Service Reform Act, Ley que supone el más importante cambio desde la creación, en 1883, de la Civil Service Commission.
