1.1. Crisis financiera e intentos reformistas
A) Primeros proyectos: la "contribución directa" de las Cortes de Cádiz
Al inicio del XIX, la situación financiera extremadamente grave. Las guerras habían debilitado los recursos y aumentado los gastos. Para poder hacer frente a esta situación, se procedió a la emisión de vales reales, pero al no poder pagar los intereses el Estado quedó en entredicho. Godoy acudió a las desamortizaciones eclesiásticas y amortización de vales, pero los ingresos sólo se aplicaron a remediar el déficit público, y así la deuda aumentó.
José I, mantuvo los antiguos impuestos, pero con novedades como la contribución de patentes industriales (el pago de licencia por ejercicio de industria o comercio), que se convirtió en impuesto anual; y otros que gravaron las casas de juego y alquileres. A su vez, la Junta Central decretó en 1809 la supresión de las rentas provinciales, por un nuevo sistema que reemplazaría las alcabalas, cientos y millones.
Al término de la crisis bélica la deuda ascendería a 13.000 millones de reales. Las Cortes de Cádiz promulgaron un decreto de formación de una lista o presupuesto general de los desembolsos correspondientes a las obligaciones de cada ramo, para dar al Ministerio de Hacienda datos fiables.
El primer proyecto de reforma por los diputados gaditanos contó con el retorno de la única contribución, estableciéndose una contribución directa en la riqueza de cada provincia, según el censo de frutos y manufacturas. Tras la áspera polémica en septiembre de 1813, tiene lugar el Nuevo plan de contribuciones públicas. La involución absolutista derribó el sistema constitucional e impuso el retorno al régimen antiguo.
B) La "Contribución General" de Martín de Garay
Abolida la contribución directa, la situación financiera en 1815 contaba con un déficit 500 millones de reales y deuda pública 12.000 millones. Urgía preparar un nuevo ejercito ante la posibilidad de otra confrontación con Francia, pero el Estado no tenía dinero. En 1816 se forma una Junta de Hacienda para poner orden en los ingresos y gastos de cada ministerio. En 1817, Garay entrega al rey una memoria con una alternativa de una contribución general a pagar por los ciudadanos en proporción a su riqueza, y en las capitales de provincia y puertos sustituida por el derecho de puertas (arancel por la introducción de mercancías).
El plan Garay fue sancionado por el rey que fijaba el nuevo establecimiento del sistema de Real Hacienda, instrucción para el repartimiento y cobranza de la contribución del reino y bulas dadas por Pio VII. La reforma redujo los gastos ministeriales, pero el problema fue la inexactitud de estimación de riqueza de los pueblos y que el gobierno arbitró unas reglas de difícil aplicación práctica. Finalmente, el ensayo no se repitió pero perduraron los derechos de puertas.
C) La reorganización de López Ballesteros
Fracasada la reforma de Martín de Garay y con los reajustes financieros del Trienio, la vuelta al absolutismo trajo al nuevo titular de hacienda, Luis López Ballesteros, quien llevó a cabo varios decretos que separaron la recaudación y administración de rentas y la distribución de sus productos, solventándose de alguna manera la situación. Como novedades destacaron el "subsidio de comercio" y la "renta del bacalao", junto con los derechos de puertas. Se ordenó el pago por Navarra del servicio voluntario y el de donativo por las Vascongadas.
En cuanto a la deuda, fue suprimido el establecimiento del crédito público, creándose la Real Caja de Amortización, para construir un gran fondo de reserva. Las disposiciones de López Ballesteros, cuyo objetivo era lograr un presupuesto equilibrado de ingresos y gastos, fueron efectivas durante cinco años.
D) Las Reformas de Mendizábal
La notoriedad de este personaje, en la desamortización eclesiástica, ha oscurecido su papel como reformista financiero. En la desamortización, al ser aceptados los títulos de la deuda como pago de las fincas puestas en subasta, se consiguió una disminución para el Estado de la carga que padecía, pero el valor de lo subastado no alcanzó ni 1/5 del monto de la deuda.
En la primera guerra carlista, Mendizábal creó un impuesto sobre el servicio militar.
También levantó empréstitos a base de hipotecar los futuros ingresos de ultramar y minas de Almadén. Por último, emprendió una extraña y fracasada operación financiera con Inglaterra, que prestó 2 millones de libras, a cambio de autorización para importar sus tejidos de algodón.
1.2. La Reforma Tributaria de 1845
En 1844, Alejandro Mon, Ministro de Hacienda, presenta un proyecto de reforma tributaria, conocida como la Reforma de Mon. Una comisión con Ramón Santillán al frente, estudió una nueva ordenación de los impuestos, estableciendo una sola contribución territorial, otra industrial, otra general sobre el consumo de especies determinadas y un sistema hipotecario para dar garantías de la propiedad inmueble y conservar los demás impuestos existentes.
Todo esto se plasmó en una ley de Presupuestos, seguida del rechazo social, tumultos y motines. En cuanto a su contenido, mantuvo la mitad del sistema tributario tradicional y renovó la otra, con figuras impositivas nuevas, como la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería, sintetizando en una única contribución territorial todas las vigentes; el Subsidio industrial y de comercio, grabando directamente las utilidades de la industria y el comercio, que no tuvo resultados efectivos; el Impuesto sobre el consumo de especies determinadas; la Contribución sobre los inquilinatos, que no llegó a ser aplicado; y el Derecho de hipotecas, que grababa las traslaciones de dominio de bienes inmuebles y derechos reales, contratos de arriendo y subarriendo, exentas las trasmisiones de padres a hijos.
1.3. Los reajustes posteriores: de Mon a Villaverde
Desde mitad del siglo y hasta la reforma de Villaverde en 1899, se hacen diversos reajustes de acuerdo con la deuda pública, el cuadro de impuestos y el régimen presupuestario. Los problemas de la deuda no habían sido abordados por la reforma de Mon. En 1851 Bravo Murillo crea una deuda perpetua diferida (con la que el pago de intereses se aplazaba en cuatro años), rebajando los intereses. Tan drásticas medidas sanearon el Estado, pero fue un fiasco para los acreedores. Después apareció la deuda especial de Obras Públicas y Obligaciones del Estado para ferrocarriles, las cédulas hipotecarias del Banco de España y los bonos del Tesoro. El antiguo impuesto de derecho de hipotecas pasó a ser de derechos reales y trasmisión de bienes, extensivo también a bienes inmuebles y herencias por línea directa.
1.4. La reforma de Fernández Villaverde
Ante un panorama con la crisis económica del 98, con las deudas de la guerra y la interrupción del flujo de recursos por pérdida de las colonias, Raimundo Fernández Villaverde se hizo cargo de la cartera de Hacienda en el gabinete presidido por Silvela, sometiendo las Cortes a la Ley de Presupuestos. Pero su gran aportación fue lograr el ajuste de ingresos y gastos, llegándose en 1900 a un presupuesto nivelado. Se creó el impuesto de utilidades de la riqueza mobiliaria, con tres tarifas: 1) a los productos de trabajo personal, 2) a los productos de capital y valores mobiliarios, y 3) a la relativa de los beneficios netos de las sociedades.
También se reformó y puso al día algunos impuestos para aumentar los ingresos del Estado y evitar la ocultación de riqueza. La reforma de Villaverde fue muy positiva: del déficit se pasó al superávit, los ingresos extras casi desaparecieron, mientras que el fantasma de la bancarrota desapareció, perfeccionándose el sistema tributario.
