En sentido amplio, el término garantía alude a cualquier medio jurídico que asegure el cumplimiento de una obligación por parte del deudor, evitando el perjuicio que su incumplimiento pueda ocasionar al acreedor.
Desde esta perspectiva, son o constituyen garantía todos los instrumentos de tutela, legales o convencionales, que el ordenamiento jurídico pone a tal fin a disposición del acreedor o del titular de un derecho subjetivo.
En sentido estricto, se entiende por garantía un nuevo derecho, distinto del principal o garantizado, constituido convencionalmente con la finalidad de asegurar, en última instancia, por otras vías, por medio del nuevo derecho, la satisfacción del interés del sujeto activo o acreedor.
El pacto o estipulación de garantía es aquel cuya causa típica se identifica y agota en la finalidad de garantizar el contenido del contrato principal o básico, aunque el pacto se concluya como un contrato separado o en el contrato principal garantizado. Su razón de ser es sólo el servicio al derecho que garantiza.
Es esencial al mismo la idea de accesoriedad distinguiéndose por ello de otros negocios típicos que pueden usarse con finalidad de garantía (ej: venta o depósito de garantía), y de otros en los que el efecto de garantía se fundamenta en una causa mas compleja o distinta (seguros de crédito y caución).
En el ámbito del Derecho patrimonial, hay una gran diversidad de derechos de garantía de distinto contenido y regulados por distintas fuentes legales (CC y CCom) y también en leyes estatales (Ley Hipotecaria, Ley de prenda sin desplazamiento e hipotecas mobiliarias) o autonómicas.
Cabe señalar que todos ellos pueden agruparse en la summa divisio de las garantías personales, cuyo paradigma es la fianza, y de las garantías reales que encuentran en la prenda y la hipoteca sus manifestaciones más destacadas.
Las garantías son muy frecuentes en el tráfico empresarial que descansa, en gran medida, en el crédito, y llegan a constituir un elemento casi connatural a algunas transacciones financieras.
