El proceso de institucionalización de los mercados puede articularse abstractamente según tres filosofías o alternativas legales distintas, a saber:
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El régimen de libertad general, sólo limitada por el Derecho penal, que actuará como frontera represiva sólo cuando la acción de los operadores económicos desemboque en comportamientos delictivos.
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Imposición de deberes informativos supletorios tendentes al logro de la llamada transparencia de los mercados.
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Establecimiento de obligaciones o cargas que vienen a recortar la autonomía de los agentes económicos bien directamente o bien mediante la previa formulación de los oportunos juicios de mérito en aras de la protección de la parte más débil.
