Tanto el TRITPyAJD (art. 51.2) como el RITPyAJD (art. 96.1) se remiten a la Ley General Tributaria para la calificación y sanción de las infracciones tributarias de este impuesto.
La potestad sancionadora corresponde a la Comunidad Autónoma que tenga atribuido el rendimiento del impuesto.
Se establece la exención de responsabilidad para los sujetos pasivos que hubiesen declarado, como valor de los bienes, uno igual o mayor, al que resulte de la aplicación de las reglas del Impuesto sobre el Patrimonio, aunque de la comprobación llevada a cabo por la Administración hubiese resultado uno superior.
