A) Supuesto de hecho
La Sala 2ª del Tribunal Supremo, en sentencia resolviendo recurso de casación interpuesto por la acusación particular contra una sentencia absolutoria dictada en procedimiento de estafa y falsedad, hace el siguiente pronunciamiento:
"Sin negar la legitimación activa del recurrente para recurrir, ya que la legitimación le fue aceptada en la instancia, sí se puede resaltar que resulta cuanto menos extraño que sea precisamente el representante de la acción popular el que únicamente ha impugnado la sentencia absolutoria, mientras que las acusaciones particulares, lógicamente con mayor interés directo en la condena de los acusados y sus posibles consecuencias indemnizatorias, se hayan conformado con dicha sentencia. Esta extrañeza viene a reforzar, aunque sea genéricamente, lo cuestionable que resulta esta figura jurídica según está regulado y admitida por los Tribunales de Justicia, pues basta el previo depósito de una cantidad (casi siempre simbólica, por irrisoria) para poder acceder a aun proceso "ajeno" a sus propios intereses, sin necesidad de demostrar mínimamente, también con carácter previo, las razones que impulsa al accionante (querellante o denunciante) para tratar de defender unos derechos comunes o generales. Y es que, como opina buena parte de la doctrina, sería conveniente impedir "el ejercicio perverso de la acción popular en cuanto los derechos deberán ejercitarse siempre conforme a las exigencias de la buena fe, sin sobrepasar manifiestamente los límites normales de su ejercicio (art. 7 del Código Civil)".
B) Cuestiones
- ¿En qué basa esa afirmación de abuso en el caso concreto?
- ¿Son coincidentes los intereses de la acusación popular y la particular?
- ¿En qué se diferencian la acción pública del Fiscal y la acción popular?
- ¿Puede ser parcial la acción popular?
- ¿Hasta qué momento procesal pueden personarse acusaciones?
- ¿Por qué?
C) Derecho aplicable
- Arts. 125 y 124 CE
- Arts. 101, 105 y 110 LECrim
- Art. 20 LOPJ
D) Soluciones
1) ¿En qué basa esa afirmación de abuso en el caso concreto?
En que resulta extraño que el ofendido, titular del bien jurídico protegido, no impugne la sentencia absolutoria y sí lo haga en cambio la acusación popular, que no ha sufrido ningún perjuicio y que sin duda actúa así porque le resulta barato hacerlo ya que, de acuerdo con el art. 20.3 LOPJ "no podrá exigirse fianza que por su inadecuación impida el ejercicio de la acción popular que, además, será gratuita".
2) ¿Son coincidentes los intereses de la acusación popular y la particular?
No, ya que el acusador particular es el ofendido y por tanto tiene un interés directo y puede ejercer junto a la acción penal también la acción civil.
La acusación popular no tiene la condición de ofendido y puede ejercerla cualquier ciudadano ante la comisión de un delito público (art. 125 CE). La acción popular es pública y defiende intereses generales (art. 101 LECrim).
3) ¿En qué se diferencian la acción pública del Fiscal y la acción popular?
En la obligatoriedad de su ejercicio (art. 105 LECrim). Al Ministerio Fiscal, por mandato constitucional (art. 124 CE) le corresponde la función de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, lo que se traduce en la obligación de ejercitar la acción penal, mientras que la acción de la acusación popular no es obligatoria.
4) ¿Puede ser parcial la acción popular?
Sí, porque en algunos casos puede pretender la defensa de intereses particulares o difusos que no se correspondan con el sentido de la justicia y la legalidad.
5) ¿Hasta qué momento procesal pueden personarse acusaciones?
Hasta antes del trámite de calificación del delito (art. 110 LECrim).
6) ¿Por qué?
Porque una vez introducido el objeto ya está definido y queda formalizada la pretensión penal.
