El Estado social entraña una radical transformación: pasa de ser un mero garante de derechos y libertades civiles y políticos a transformarse en un prestatario de medidas y actuaciones socio-económicas que van desde el reconocimiento y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales hasta la prestación de medidas asistenciales o la aplicación de políticas fiscales redistributivas, por lo que se manifiesta como modelo de Estado intervencionista en las relaciones económicas y productivas.
Esto supone una transformación en el tratamiento de la igualdad y la libertad: por una parte ambos ámbitos se ven ampliados, se persigue una efectiva igualdad económica y social; por otra se amplían las libertades en la medida en que la igualdad se concreta en derechos que se extienden a todos los individuos sin excepción por motivo de sexo, raza, religión o clase social.
Si el Estado democrático-liberal se caracterizó por su pretensión de conseguir una igualdad jurídica de los ciudadanos y la protección de sus libertades públicas, el Estado social amplía la protección de dichas libertades públicas al ampliar el concepto de ciudadano, primero con la inclusión del sufragio femenino y más adelante con la extensión de los derechos civiles y políticos, con una progresiva ampliación del horizonte de la ciudadanía.
Por otra parte, el Estado social también amplía el horizonte de la igualdad. Lo que en la práctica se trató de conseguir mediante nuevas políticas económicas: se trataba de incrementar la inversión pública con el fin de reactivar la economía, lo cual permitía a su vez aumentar la presión fiscal sobre la actividad empresarial productiva y, gracias a ello, afrontar una política redistributiva; al incrementarse el consumo de los sectores más desfavorecidos, la economía continuaba creciendo, de forma que el ciclo no se detenía.
De modo que el Estado social es diferente al modelo liberal al menos en su faceta intervencionista y asistencial, si bien no puede tenerse como nuevo paradigma político sino como una actualización del modelo, desbordado por los acontecimientos políticos, económicos y sociales de los siglos XIX y XX. Lo que varía entre uno y otro modelo es el fundamento de su legitimidad, que en el modelo liberal deriva de la representatividad y la garantía de los derechos civiles y políticos mientras que en el modelo social requiere, además, la efectiva satisfacción de determinadas demandas sociales.
